Tras una hora de retraso sobre el anuncio de la comparecencia, la vicepresidenta del Gobierno dejó una frase que choca violentamente con todo principio de legalidad democrática. Al referirse a la indescriptible prórroga del plazo para que Puigdemont conteste a una evidencia, e invitándole de nuevo a dar la respuesta que, según el Gobierno, eludiría la aplicación del artículo 155, la vicepresidenta dijo:
Nadie ha tenido tan fácil una respuesta y nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución.
La frase es de una extraordinaria gravedad pues implica que el Gobierno concede un privilegio al presidente de una comunidad autónoma ante una flagrante violación de la Carta Magna. Supone también que el Ejecutivo contempla la aplicación de la Ley como última opción animando al violador a encontrar un camino alternativo con el fin de buscar vías de diálogo que, en todo caso, estarían por definición apartadas de lo que en cualquier parte del mundo se entiende como estado de derecho. No se entiende que el partido que sustenta al Gobierno se rasgara las vestiduras por una negociación con una banda terrorista en la época de José Luis Rodríguez Zapatero –aunque después se encargara de culminarla– y ahora apueste por dialogar con un golpista orillando la ley de forma expresa. Nada es nuevo, pero este lunes se ha dicho con meridiana claridad.
Suceda lo que suceda al término del innecesario y pueril plazo concedido por el Gobierno, la confesión realizada ante las cámaras por la vicepresidenta del Gobierno debería tener consecuencias. Si la frase hubiera sido pronunciada por el ministro portavoz cabría argumentar en su descargo que sólo transmite una decisión del Ejecutivo pero Soraya Sáenz de Santamaría acudía a la comparecencia pública en calidad de Gobierno, como dueña de sus palabras. Es fácil entender que la expresión emana del presidente Mariano Rajoy que, en el momento de la comparecencia, se encontraba de viaje a Galicia con motivo de los graves incendios que están asolando esa comunidad y que ya se han cobrado víctimas mortales. Sin embargo, quien la ha pronunciado con claridad ha sido la vicepresidenta y debe responder por ello.
Tan importante es cumplir la Ley como hacerla cumplir y eso es precisamente a lo que se someten bajo juramento o promesa los cargos públicos. Hoy tenemos dos perjurios y, lo que es más grave: dos delitos.