Hoy son golpistas los que ayer merecían un encaje –de bolillos– en la Constitución. De pronto alguien ha pulsado la tecla y hasta El País reclama lo que antaño era herejía.
José Manuel García Margallo, que ejerció de canciller en cap y que ha combinado el diálogo entre "amigos" –mientras era ministro– con no sé qué planes para llevar a la Guardia Civil a la Diagonal –cuando ya no es ministro– nada y guarda la ropa para mayor confusión de los ciudadanos y peor servicio a España. Fue el ministro que se estrenó diciendo en tono cantinero aquello de "Gibraltar español" al eurodiputado británico Charles Tannock. Ya, ¿y Cataluña? Cataluña nunca fue un problema, todo era posible con el diálogo y lo importante era hablar de Economía. Hoy, la Real Academia de La Moncloa admite de súbito el término "golpista".
El caso es que ayer éramos catalanófobos los que defendíamos a catalanes y no catalanes agraviados por el independentismo, tocados por la muerte civil. Según la abrumadora mayoría defensora de la normalidad política entre Cataluña y el resto de España, aplicar el artículo 155 de nuestra Constitución era ayer poco menos que un autogolpe al estilo Erdogán o Chávez, así que pedirle al Gobierno que lo hiciera se convirtió en una especie de incitación al odio merecedora del peor de los reproches cuando no de querella. Pedíamos aplicar la Ley –respetar y hacer respetar es lo que juran y perjuran los políticos– sin darnos cuenta –nos decían– de que esa Ley era algo así como una excepcionalidad fuera de lugar que figura en la Constitución española como rancio tributo al antiguo régimen. Hoy ya no, o eso pretenden que parezca.
No cabe sorpresa. Sucedió lo mismo con la abdicación de Juan Carlos I, que empezó como una prédica en el desierto –Federico Jiménez Losantos– y acabó en trending topic y en el tan español como cobarde toro pasado. Así que, según parece, las denuncias hay que formularlas cuando el mal ya no tenga remedio. Quede claro: en España, la opinión ha de expresarse con el plácet del Poder; antes es injuria, difamación, afrenta. Para denunciar golpismo hay que esperar pues, a que lo hagan el Gobierno y El País.
La estructura secesionista que nos ocupa no es propia de una "intentona", término habitual asociado al golpismo cutre. Libertad Digital –por no remontarnos al 1979 de Lo que queda de España– lleva casi dos décadas denunciando los excesos en soledad. Pablo Planas ha aportado en sus crónicas cientos de nombres y apellidos, los detalles sobre las instituciones paralelas dotadas de presupuesto, los planes institucionales acompañados de informes de expertos y, últimamente, hasta el aspecto del uniforme de la futura policía de la República. Pero denunciarlo era oportunista, desleal o exagerado. Pues empezar a hacerlo ahora es, sencillamente, inútil: hay daños ya irreparables infligidos gracias a los hechos consumados del Estatuto de Autonomía, auténtico acto fundacional y consentido de este Golpe.
Fue el mismo Tribunal Constitucional, al que el Gobierno ha dotado de poderes para hacer lo que es deber del propio Gobierno, el que dijo sí a un Estatut que establecía derechos distintos a los que proclama la Constitución, que es de donde emanan todos, sin diferencias. Lo denunciamos entonces y seguiremos haciéndolo por muy catalanófobico o extremista que parezca. El PP de entonces –en la oposición se respetan más a sí mismos– supo ver la gravedad del momento, recogió y acarreó cientos de miles de firmas en contra y apretó al nacionalismo contra las cuerdas hasta que, de pronto, se puso a gobernar y todo se esfumó. Lo grave es que ni siquiera necesitaban, como antaño, a los nacionalistas para llegar al poder.
Sin embargo ahí está, sin enmienda ni mácula, la obra de Zapatero, prometida a Maragall, heredada inexplicablemente por Rajoy y exaltada por la corriente mediática dominante –que no de opinión pública– de cada momento, en todo caso siempre oligopolística. Tras mucho esperar, y ante un horizonte político de lo más incierto, el gabinete Rajoy ha hecho una mueca que aseguran es definitiva, un No pasarán con todos los instrumentos, todos, del Estado de Derecho. Pero hay dichas –si es que lo fueran– que no soportan el paso del tiempo. Mandar los problemas a madurar en barrica conlleva siempre, y más en política, su agravamiento. Además de los daños irreparables del Estatut antes mencionados ya tenemos acompañando al levantamiento de la Generalidad a Podemos, partido que considera "legítimo un referéndum unilateral". O sea, Podemos avala el golpe, pues de ahí proceden. Tampoco es novedad y también se alertó de ello cuando todavía acampaban en la Puerta del Sol. Pues resultó exagerado. Por si todo esto fuera poco, ya tenemos un nuevo PSOE, surgido de sus peores escombros, más dispuesto a los codazos que a arrimar el hombro en la cuestión nacional pese a las hectáreas de bandera rojigualda antaño exhibidas.
Por todo ello, el anuncio de cambio de táctica, además de tardío, sigue sin resultar ecuánime: ya les llaman golpistas pero no los tratan como tales. De hecho, sigue vivo el riesgo de contagio al tratar con la Generalidad de forma bilateral, herencia del renegado Margallo entre otros.
Sólo tenemos la mueca, falta el gesto. Los llaman golpistas –nihil obstat– pero les ceden la tribuna de oradores de la Carrera de San Jerónimo, la misma desde donde, sin tanta invitación, se dijo aquello de "¡se sienten, coño!". Y todavía no sabemos si Mariano Rajoy está de veras por pararlo, por redactar el pacto del capó o por poner un avión a disposición de Puigdemont. Por no saber, no sabemos ni quién está ni a quién se espera.