Cuatro años después de que el vicepresidente Al Gore caracterizara la política de la administración Clinton en Haití “como uno de los más hábiles usos de la combinación de diplomacia y fuerza militar en los anales históricos de este país”, lo que queda son ruinas humeantes de una obstinada política equivocada. La responsabilidad de tan desastrosos resultados es totalmente de los cínicos e ineptos que desde la Casa Blanca diseñaron esa política.
Haití difícilmente sería una prioridad para Estados Unidos si la administración Clinton–Gore no hubiera utilizado todo el poder e influencia para devolver al poder al presidente Jean-Bertrand Aristide hace cinco años. Los haitianos han puesto de su parte en desaprovechar todas las oportunidades que les han dado los contribuyentes americanos y 20.000 soldados nuestros. Los culpables, irónicamente, fueron exactamente los mismos que el presidente Clinton restauró en el poder: Aristide y su cortejo de bandidos.
Antes de invadir a Haití, la administración Clinton rehusaba ver la realidad:
1. No había una tradición democrática a la cual ayudar y fomentar.
2. Aristide no es ni democrático ni amigo de Estados Unidos. Sin embargo, la administración centró su política en restaurar a Aristide, no la democracia.
Apoyando a su bando y de su títere sucesor, la administración Clinton-Gore ignoró a la oposición democrática, esquivó a la legislatura pluralista y permitió que los secuaces de Aristide hagan lo que les da la gana. Y al tolerar una serie de farsas electorales, la administración está lista para permitir que Haití regrese a las manos de Aristide y de sus secuaces en las elecciones de fin de año.
La administración Clinton ha derrochado más de 30 millones de dólares en una serie de elecciones fraudulentas. En lugar de reconocer y arreglar los problemas, la administración y observadores parcializados de la OEA presionaron a los haitianos a aceptar comedias electorales, desacreditando la democracia misma.
A pesar de los antecedentes de las elecciones de mayo de 2000, caracterizados por las maniobras antidemocráticas del presidente René Preval de violencia, robo de material electoral y multiplicidad de dificultades logísticas, muchos haitianos votaron valientemente por cargos locales y legislativos. Al no estar dispuesto a aceptar la derrota, el partido gubernamental Lavalas presionó al consejo electoral a certificar resultados falsos e hizo que el presidente del consejo se exiliara en Estados Unidos. Con él fuera, los resultados fraudulentos se convirtieron en resultados oficiales.
Es deprimentemente irónico que la administración Clinton, la cual utilizó el argumento de derechos humanos para justificar la invasión, apenas si aparentó hacerle seguimiento a los derechos humanos en Haití, donde el gobierno de Preval sigue impidiendo la investigación de asesinatos políticos y la impunidad es rampante. Aunque la administración Clinton siempre ha sostenido que la creación de una policía nacional es fundamental para el cumplimiento de la ley y el orden en Haití, la policía sufre un ataque constante y está siendo corrompida, politizada e involucrada en narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
En cinco años bajo la tutela de Washington, Haití se ha convertido en el principal punto de tránsito de la cocaína que llega a Estados Unidos y el papel del gobierno en la lucha antidrogas ha sido tan malo que ha sido descertificado dos veces. El año pasado, el entonces embajador de Estados Unidos declaró: “Haití está muy lejos de convertirse en una democracia. La mayoría de los elementos que conforman a una democracia están ausentes. Esperábamos mucho. ¿Permitimos que nos guiara la esperanza en lugar del análisis?” La respuesta es afirmativa.
Probablemente la Casa Blanca jamás admitirá que su “éxito” en Haití nunca fue otra cosa que un cuento de 3 mil millones de dólares derrochados. Pero el resto de nosotros sabemos la verdad.
© AIPE
Jesse Helms es senador republicano por Carolina del Norte y preside el Comité de Relaciones Extranjeras del Senado.
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