Si hay alguna comunidad autónoma de España leal con la Constitución, con las instituciones y con la legalidad vigente y que, además, contribuya como ninguna otra a la caja común de todos los españoles sin victimismos, reividicaciones o exigencias extemporáneas, esa es la Comunidad de Madrid. Si hay alguna comunidad autónoma que presente buenos resultados en materia de empleo y de crecimiento económico, esa es también la Comunidad de Madrid. Y si hay alguna comunidad abierta, que crezca en población más que ninguna otra –el voto con los pies es siempre el más elocuente, sincero e insobornable– y que sirva de escaparate y de ejemplo de cómo es posible gobernar sin sectarismos ni exclusiones, con respeto a todas las fuerzas políticas y medios de comunicación, sean del color que sean, esa es también la Comunidad de Madrid.
Precisamente por eso, no es extraño que la Comunidad de Madrid sea también la principal víctima de los agravios, los menosprecios y el sectarismo de Rodríguez Zapatero. Porque su proyecto de demolición de la nación española –y, con ella, conviene no olvidarlo, de la democracia y de las libertades en España o en lo que quede de ella– requiere, bien de la sumisión, o bien de la neutralización, el descrédito y la asfixia de todas aquellas personas, instituciones y medios de comunicación que sean prueba viva de que esa demolición de la nación española que impulsa el Gobierno a espaldas y contra el deseo de la inmensa mayoría de los españoles, es, además de una traición y de una injusticia, un gigantesco disparate que todos, incluidos quienes lo promueven y lo alientan, pagaremos muy caro.
Por eso, uno los objetivos prioritarios de Rodríguez Zapatero es echar “como sea” a Esperanza Aguirre de la Casa de Correos, la sede del gobierno regional madrileño. Y por eso recurre a la asfixia financiera, al desprestigio institucional, a las detenciones ilegales, a las acusaciones sin fundamento y a cualquier otro medio, legítimo o menos legítimo, que sirva para obstaculizar o frustrar la acción de gobierno del PP y de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Libertad Digital ha recopilado una larga lista de esos agravios dirigidos contra la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre, perpetrados casi desde el mismo día en que el Presidente Rodríguez llegara a La Moncloa.
Una larga lista a la que viene a añadirse el cometido el pasado viernes en el Consejo de Ministros, que acordó requerir a la Comunidad de Madrid la paralización, por presunta invasión de competencias del Estado, del proceso encaminado a la construcción de dos infraestructuras vitales para el desarrollo de Madrid y para evitar el inminente colapso circulatorio en la zona norte de Madrid: la R1 y el cierre de la M-50. Esperanza Aguirre se había comprometido públicamente a construir y poner en servicio esas dos carreteras después de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, incumpliendo los compromisos adquiridos por el anterior Ejecutivo, se negara a construirlas.
Ya es suficientemente grave que el Gobierno invoque fraudulentamente sus competencias –de acuerdo con la Ley de Carreteras, las Comunidades Autónomas tienen plena competencia para construir todas las carreteras que discurran íntegramente dentro de sus límites, como es el caso de la R1 hasta El Molar y el cierre del quinto cinturón– con el objeto de impedir la construcción de unas infraestructuras de interés general. Pero lo realmente odioso e inaceptable es el sectarismo y la arbitrariedad con que se ha conducido Rodríguez Zapatero en este caso, muy similar al de la Y vasca de la Alta Velocidad. Una infraestructura cuya ejecución aceleró Magdalena Álvarez ante la amenaza del Ejecutivo de Ibarreche de licitar y construir por su propia cuenta varios tramos del AVE, del que, finalmente, ejecutará los 90 km. que separan Bergara de Irún.
Pero este agravio resulta aún más inaceptable e insultante para todos los madrileños cuando se considera que ha sido perpetrado precisamente la víspera de la reunión secreta donde ZP y Mas se pusieron de acuerdo sobre cuál será el siguiente paso en el proceso de voladura controlada del orden constitucional. Cuando Rodríguez Zapatero está dispuesto a entregar los ferrocarriles, los aeropuertos, el 50% del IRPF y del IVA al gobierno nacionalista-socialista de Cataluña sin contar con el resto de las comunidades autónomas, en secreto y a espaldas de los españoles. Cuando Rodríguez Zapatero invoca, para perjudicar a la Comunidad de Madrid y a Esperanza Aguirre, la misma legalidad que él destruye con ahínco en reuniones secretas a medianoche. La misma legalidad que permite conculcar a los amigos y a los representantes de la ETA.
