Se confunde con mucha frecuencia –y con escasa justificación– a los liberales con los conservadores, englobándose a ambos en la imprecisa etiqueta de “la derecha”, mientras que se reserva la no menos imprecisa etiqueta de “la izquierda” para socialistas y comunistas. La distinción –que, como es sabido, parte de la Revolución Francesa– originalmente separaba a los partidarios del Antiguo Régimen, que se sentaban a la derecha de la presidencia de los Estados Generales, de los partidarios de la abolición de los privilegios legislativos y fiscales de la nobleza, así como también de la supresión de las trabas los gremios imponían al desarrollo económico y, en general, de la eliminación de la arbitrariedad del poder político, quienes se sentaban a la izquierda.
Es evidente que ambos términos apenas conservan un ápice de su sentido original, pues hoy significan en gran medida dos variantes del mismo concepto: el intervencionismo. Por ello, una “geografía política” más adecuada a nuestros tiempos sería distinguir entre liberales e intervencionistas, en lugar de hacerlo entre “derecha” e “izquierda”. Las variantes del intervencionismo –la paternalista, de “derechas” y la colectivista, de “izquierdas”– cada vez se diferencian menos entre sí, habida cuenta de los denodados esfuerzos de los conservadores acomplejados por parecer “progresistas”, aceptando todos los saldos liberticidas que la izquierda les vende a cambio de su renuncia a cualquier vestigio de liberalismo
Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid y candidato por el PP a la alcaldía de la capital, se considera a sí mismo un "fraguista puro" –conservador–, aunque progresista. A pesar de la aparente contradicción en los términos, su autodefinición es plenamente coherente, habida cuenta de que la palabra “progresismo” hoy significa todo lo contrario de abolir privilegios, exacciones y discriminaciones arbitrarias, so capa de “corrección política”. Por ello, no sorprende oír en boca de un conservador progresista que es “absolutamente necesario que no resulte rentable para un propietario de vivienda el tenerla cerrada”, pues según él, no basta con “seguir liberalizando el suelo”, es preciso “actuar por la vía fiscal”; haciéndose eco de la propuesta populista que el ex liberal y neointervencionista Rodrigo Rato lanzó el pasado martes para “solucionar” el problema de la carestía de los alquileres.
Ya es suficientemente grave que el señor Gallardón se atribuya el derecho a decidir qué inversiones deben ser rentables y cuales no, pero quizá olvida que mantener una vivienda vacía no es, ni mucho menos, rentable: en primer lugar, el propietario debe pagar los intereses del préstamo hipotecario con que la ha adquirido –o bien renunciar a los réditos que le produciría otra inversión alternativa–; en segundo lugar, tiene que hacer frente a los gastos derivados de la conservación de su propiedad; en tercer lugar, también debe abonar la cuota mensual que fije la comunidad de propietarios; y en cuarto lugar, debe pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las demás tasas municipales. Por último, si invierte en un momento inadecuado, puede sufrir graves pérdidas. Una subida de los tipos de interés, o bien un hundimiento del mercado inmobiliario –como sucedió en Japón–, puede diezmar su inversión de la noche a la mañana.
Los propietarios de viviendas no son tan necios como para renunciar a los ingresos derivados del alquiler, sobre todo cuando el mantenerlas vacías impone riesgos y costes. Por tanto, Gallardón –y también Rato, el autor de la propuesta– deberían preguntarse las verdaderas causas por las que 2,5 millones de viviendas permanecen sin alquilar, en lugar de recurrir al viejo truco de “intervenir” en la faldriquera del contribuyente, en este caso los “insolidarios” y “codiciosos” acaparadores de pisos que tuvieron la mala idea de invertir los ahorros de toda una vida de trabajo en ladrillos. Aunque es probable que ya hayan llegado a la interesante conclusión –no puede esperarse menos de estas dos brillantes mentes– de que la causa principal está en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que tantas garantías y protección concede a los “pobres” inquilinos respecto de los “malvados” caseros. Sin embargo, modificarla no sería “progresista”, y el nuevo impuesto sobre la propiedad inmobiliaria –probablemente inconstitucional, o al menos ilegal, pues supone una doble tributación– tiene la ventaja de que los ayuntamientos quedarían compensados por la supresión parcial del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Algo que Ruiz Gallardón, candidato a la alcaldía de Madrid, seguramente habrá tenido en cuenta, pues le permitirá seguir financiando políticas “progresistas” –como la “ley seca a partir de las 10 de la noche o el fomento del lobby homosexual– para hacerse perdonar por los intervencionistas de izquierda el “pecado original” de haber nacido en una familia bien
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