El auge del socialismo y del colectivismo en el siglo XX, adobado por las “aportaciones” de Keynes, transformó el impuesto sobre las herencias, hasta entonces un modesto instrumento de financiación del Estado con gravámenes reducidos (rara vez superó el 10 por ciento en épocas pasadas), en la herramienta esencial para lograr la “igualdad de oportunidades” y promover la movilidad social. La pretensión de “justicia social” desplazó al objetivo meramente recaudatorio. Y quizá precisamente por eso, en la mayoría de los países occidentales los tipos de gravamen del impuesto sobre sucesiones sufrieron brutales incrementos hasta llegar a niveles confiscatorios. Aun a pesar de las advertencias de economistas y hacendistas acerca de los efectos de los gravámenes confiscatorios: la destrucción de capital y el desincentivo a su acumulación, base fundamental del desarrollo económico.
Vistos los resultados de la persecución de la “justicia social” y de la “igualdad de oportunidades” a través de la confiscación en todos los países que la han practicado sistemáticamente, cualquier persona sensata tendría que admitir abiertamente que el “remedio” a la “injusticia” ha sido infinitamente peor que tolerar la propia “injusticia”, aun en el caso de que se admitiera que las desigualdades de renta y riqueza son un mal en sí mismas. Quizá el hecho de que en la mayoría de los países occidentales los propietarios de grandes patrimonios han encontrado formas de eludir la confiscación –bien colocándolos en países fiscalmente menos voraces, o bien a través de complejas estructuras legales sólo a ellos accesibles– el impuesto sobre sucesiones no ha producido todos los daños potenciales que podría haber ocasionado.
Sin embargo, eso no quiere decir, desde luego, que el impuesto de sucesiones sea inocuo para los pequeños y medianos propietarios. En España, una herencia valorada en 600.000 euros (unos 100 millones de pesetas), puede costarle al heredero entre 180.000 y 420.000 euros, dependiendo de si es descendiente directo del fallecido, pariente lejano o extraño a la familia y del patrimonio que éste tuviera previamente. Por ejemplo, de un legado de 600.000 euros recibido por un pariente lejano o un extraño cuyo patrimonio previo no supere los 400.000 euros (el mínimo de la escala), la comunidad autónoma correspondiente se queda con el 60 por ciento, es decir, con 360.000 euros. Esto quiere decir que, para pagar el impuesto, si el legado consiste por ejemplo en una finca o en un inmueble –algo bastante habitual–, el legatario o heredero deberá ponerlo directamente en venta o hipotecarlo; o bien liquidar o hipotecar la práctica totalidad del patrimonio que poseía previamente para poder pagar el impuesto. En el caso de un descendiente directo mayor de 21 años, la cifra ronda los 200.000 euros, es decir, casi la mitad de lo que éste poseyera previamente.
A lo que hay que añadir la tremenda injusticia que supone el que, después de haber tributado durante toda la vida (por renta y por patrimonio), el Estado se quede con una parte sustancial del patrimonio acumulado con tanto esfuerzo por quienes realmente pagan este impuesto –las clases medias– para que sus descendientes tuvieran, precisamente, mejores oportunidades en la vida. Ni qué decir tiene que, desde el punto de vista jurídico, es fácil advertir que esta práctica pseudoconfiscatoria, además de suponer una flagrante doble imposición, contraviene principios constitucionales como el derecho al disfrute y libre disposición de la propiedad. Con el agravante de que la recaudación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España, apenas supone el 1% de los ingresos fiscales del conjunto del Estado.
Una vez desacreditas las utopías colectivistas, tanto en el plano teórico como en el empírico, el anacronismo, la injusticia y la ineficacia recaudatoria del Impuesto sobre Sucesiones aconsejaría su inmediata supresión o, al menos, una drástica reducción de los gravámenes máximos contemplados en la ley del impuesto. Así lo creen la mayoría de los hacendistas y prestigiosas instituciones como el Instituto de Estudios Económicos o el Instituto Madrileño de la Empresa Familiar, que han exhortado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que pase de la proyectada reducción a cero del gravamen del impuesto en las comunidades gobernadas por el PP a suprimir directamente el tributo en todo el territorio nacional. El escaso quebranto que ello podría suponer para los presupuestos de las CCAA quedaría ampliamente compensado por los beneficios inherentes al cese de la destrucción de capital que provoca el impuesto, que redundarían indudablemente en un mayor crecimiento económico y, por tanto, en una mayor recaudación fiscal procedente de otros impuestos.
Y, consideraciones económicas aparte, sería un acto de verdadera justicia para con quienes no pueden pagar los servicios de un asesor fiscal que les evite el expolio. No hay razón, si el Gobierno cree realmente que suprimir el Impuesto sobre Sucesiones es una buena medida de política económica, para privar de este beneficio a las comunidades autónomas no gobernadas por el PP.
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