Desempleo y delincuencia

Uno de los factores que más contribuye a la creciente ola de criminalidad está directamente relacionado con el salario mínimo, el cual condena al desempleo o a trabajar en el mercado negro a quienes no logran generar un valor superior al decretado por las autoridades.

Para los hijos de campesinos que emigran a las ciudades y también para otros grupos de personas con poca educación, el salario mínimo es una barrera que a menudo les imposibilita conseguir su primer empleo. Los jóvenes son los más vulnerables al comportamiento criminal porque si no logran conseguir un puesto remunerado, pronto pierden su autoestima.

En Panamá estamos sufriendo un creciente aumento de la criminalidad debido al deterioro moral de los grupos de jóvenes marginados. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que no sólo condenamos a los más pobres al desempleo, sino que luego toda la sociedad tiene que pagar –con impuestos– por los reformatorios y cárceles donde son recluidos como delincuentes.

Tampoco parece preocuparnos el efecto que tienen esos jóvenes violentos en los barrios más humildes, en los que suelen residir y en los que incluso la policía teme entrar. Los vecinos viven un miedo constante a ser víctimas de parados violentos.

Asimismo, pese a que muchos sí se benefician del salario mínimo decretado, no solemos analizar el efecto sobre otros grupos. Si realmente fuese cierto que el salario mínimo resuelve los problemas de los pobres, entonces ¿por qué no elevarlo a 5.000 euros mensuales? Pero no se puede mejorar la situación de los pobres por decreto. La única forma de lograrlo es a través de incrementos en la productividad de la mano de obra; pero los pobres no pueden ser productivos si no consiguen un trabajo.

Pocas veces evaluamos los efectos colaterales y totales de las medidas coercitivas como el salario mínimo. Un salario mínimo de tres dólares puede terminar costando seis dólares al empresario, si añadimos los costes de la seguridad social, las vacaciones...