Como estadounidense, me avergüenza que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tenga 220 miembros que están realmente seguros de que el Estado puede planificar centralmente y con éxito las industrias de la sanidad y los seguros. Me avergüenza que mis representantes crean que el Estado puede subsidiar el consumo de los servicios sanitarios sin incrementar el déficit presupuestario ni interferir en la libertad de elección. Ello supone un triunfo de la ensoñación insensata sobre la lógica y la experiencia.

El proyecto de ley de 1.990 páginas te deja sin habla ante la audacia de su estupidez. La noción de que un reducido grupo de políticos puede saber lo suficiente como para diseñar algo tan complejo y personal es sorprendente. Que estuvieran asesorados por "expertos" no significa nada puesto que nadie es lo bastante experto para hacer eso.            

El Estado no sabe hacer con eficacia cosas sencillas. Los burócratas tienen auténticos problemas para contar votos correctamente. Conceden préstamos subsidiados a "titulares de casas" que resultan tener cuatro años de edad. Pero aún así los congresistas quieren que el Gobierno administre nuestro sector médico y el de los seguros. La competencia es "un proceso de descubrimiento", enseñaba el economista Nobel F. A. Hayek. A través del proceso de la competencia en el mercado, productores y consumidores aprenden cosas de manera constante que obligan a ajustar su comportamiento si quieren tener éxito. Los planificadores centrales fracasan por dos motivos:

En primer lugar, el conocimiento de la oferta, la demanda, los gustos individuales y la abundancia de recursos es escaso en toda la sociedad. No está concentrado en una base de datos a la que puedan acceder un grupo de planificadores.

En segundo lugar, estos "datos" son dinámicos: cambian sin previo aviso. Con independencia de lo honradas que puedan ser las intenciones de los planificadores centrales, fracasarán porque no pueden conocer las necesidades y los gustos de 300 millones de personas diferentes. Y si de alguna forma conocieran sus necesidades, no las iban a adivinar de la noche a la mañana.              

Los partidarios de la mal llamada reforma sanitaria –realmente no es una reforma a menos que mejore las cosas– han evitado las críticas a su propuesta de manera vergonzosa. Con frecuencia simplemente desprecian a sus detractores como apologistas avarientos del mundo corporativo o fanáticos paranoicos de la extrema derecha. Es más fácil que responder a preguntas como estas:

1. ¿Cómo puede el Gobierno subsidiar la contratación de servicios médicos sin disparar los precios? La teoría económica más básica enseña –de manera incontestable– que en cuanto la demanda se eleva, si el resto de factores permanecen constantes, el precio sube. Los políticos también quieren su trozo del pastel.
2. ¿Cómo puede prometer el Gobierno un menor gasto médico sin restringir las opciones? Medicare ya provoca eso. Una vez que el seguro obligatorio impuesto por los planificadores eleve los precios a nuevas cotas, tienen que imponer límites aún más estrictos a lo que podemos contratar... o bien su presupuesto se desequilibrará más de lo que ya lo está. Como señala el economista Thomas Sowell, el Gobierno no puede reducir realmente el gasto. Todo lo que puede hacer es disfrazarlo y desplazar el coste (a través de la legislación fiscal) o negarse a pagar por ciertos servicios (racionamiento).
3. ¿Cómo puede "crear alternativas" el Gobierno a base de imponer uniformidad a las aseguradoras? La uniformidad limita las opciones. Bajo el proyecto de la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi y en las versiones del Senado, el Gobierno dicta a todas las aseguradoras lo que tienen que incluir en su póliza de cobertura "mínima". Las pólizas verdaderamente básicas con deducciones fiscales y bajo coste ajustadas a las necesidades individuales estarán prohibidas.
4. ¿Cómo "crea alternativas" obligando a las aseguradoras a competir con un programa público privilegiado? La denominada opción pública, llamémosla Fannie Med, contará con el respaldo implícito del Gobierno y por tanto con escasa disciplina de mercado. El clima de conformidad resultante y el poder del Gobierno no es lo que se entiende por libertad de elección y competencia. El representante Barney Frank por lo menos es lo bastante honesto como para reconocer que la opción pública traerá el monopolio gubernamental.

Los defensores del control público le quieren hacer creer que las carencias serias de nuestros sistemas de salud y seguros son fallos del libre mercado. Pero eso es imposible dado que nuestro mercado no es libre. Cada estado administra un cártel de seguros y un cómodo sistema médico que restringe la competencia a través del proceso de licencia y mantiene los precios por encima de los que se darían en un mercado genuinamente libre. Pero los partidarios de la planificación central no van a hablarle de eso. Después de todo, si el Gobierno es el problema desde el principio, ¿cómo pueden justificar la toma de un mayor control por parte del Gobierno?

Mucha gente se queda fuera de los mercados sanitario y de seguros por un motivo: la negativa de los políticos a ceder poder. Permitirles controlar otro 16% de la economía no va a solucionar nuestros problemas. La libertad, sí.