Haciendo gala de su habitual respeto a la propiedad privada, a las leyes internacionales, a la libertad de comercio entre países y a las medidas de protección de la seguridad marítima, miembros del grupo de presión Greenpeace interceptaron recientemente en Málaga un barco supuestamente cargado con soja y maíz mejorados genéticamente.
Si en lugar de un barco, el objeto atacado hubiera sido, es un suponer, el autobús del Real Madrid y los jóvenes ecologistas fueran hinchas del Barcelona (o viceversa), a estas alturas estaríamos hablando de "acto vandálico", "intolerable agresión", "violencia social", etc. Pero ya sabemos que Greenpeace sólo comete actos de defensa del medio ambiente en pro de la paz y el bienestar de todos (sobre todo de las focas, las ballenas y los alhelíes).
No es sorprendente la acción ecologista. Lo que más llama la atención de este humilde y aturdido observador es el eslogan bajo el que se produjo: "España no quiere transgénicos".
Dado que el que escribe es portador de un DNI que acredita su nacionalidad española y no sólo no ha recibido encuestador de Greenpeace alguno en su casa para solicitarle opinión sino que no conoce a nadie que haya experimentado tal suceso, valdría la pena investigar a qué se refieren los activistas con "España".
¿Quizás se refieran a "los agricultores españoles", es decir, a la parte de población más afectada por la modificación genética de los cultivos?. Parece ser que no. En un reciente informe elaborado desde Aragón por la organización ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) se advierte que ésta "apuesta por la biotecnología aplicada a la agricultura y por la libertad de los productores y consumidores para, una vez informados, elegir libremente". Sus argumentos, de gran autoridad al tratarse del sector profesional que más directamente se relaciona con las semillas biotecnológicas, se basan en que las actuales normas internacionales aseguran la inocuidad de los organismos modificados desde su producción hasta su comercialización. ASAJA, con 200.000 afiliados, es una de las mayores organizaciones entre las que defienden los intereses de los agricultores. De modo que parece evidente que, para Greenpeace, los agricultores españoles no son "España".
¿Quizás la pancarta de los ecologistas se refería a "los consumidores
españoles"? Pues tampoco. Hace apenas unas semanas, entraron en vigor los Reglamentos 1830/2003 y 1829/2003 sobre trazabilidad y etiquetado de productos transgénicos. Con tal motivo se recordó la postura al respecto de algunas organizaciones de consumidores, como la OCU. En concreto, esta entidad dio la bienvenida a la normativa ya que, según encuestas propias, el 95 por 100 de los españoles estaba a favor de "etiquetar este tipo de productos". Salvo que Greenpeace y yo hablemos otro idioma, "estar a favor de etiquetar un producto" implica su aceptación previa. Pero es que, además, la propia OCU, que durante años pidió que no se levantara la moratoria europea sobre alimentos modificados, más recientemente condicionó el levantamiento a la toma de medidas eficaces sobre trazabilidad y etiquetado. Es decir, que los consumidores españoles representados y encuestados por estas asociaciones están a favor del consumo informado y responsable de transgénicos. Pero ellos no son "España", para Greenpeace.
Me extrañaría sobremanera que los ecologistas quisieran referirse a "los científicos españoles", pero si intentamos cotejarlo tampoco cuadra. Resulta francamente difícil, por no decir imposible, encontrar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la Sociedad Española de Biotecnología, en el Centro de Biología Molecular, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, en universidades y centros de investigación básica, etcétera, un grupo de opiniones relevantes que pudiera indentificarse con la postura radicalmente negativa de los ecologistas. Los científicos, mucho me temo, no son suficientemente españoles para Greenpeace.
¿Quizás se refieran a "los agricultores españoles", es decir, a la parte de población más afectada por la modificación genética de los cultivos?. Parece ser que no. En un reciente informe elaborado desde Aragón por la organización ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) se advierte que ésta "apuesta por la biotecnología aplicada a la agricultura y por la libertad de los productores y consumidores para, una vez informados, elegir libremente". Sus argumentos, de gran autoridad al tratarse del sector profesional que más directamente se relaciona con las semillas biotecnológicas, se basan en que las actuales normas internacionales aseguran la inocuidad de los organismos modificados desde su producción hasta su comercialización. ASAJA, con 200.000 afiliados, es una de las mayores organizaciones entre las que defienden los intereses de los agricultores. De modo que parece evidente que, para Greenpeace, los agricultores españoles no son "España".
¿Quizás la pancarta de los ecologistas se refería a "los consumidores
españoles"? Pues tampoco. Hace apenas unas semanas, entraron en vigor los Reglamentos 1830/2003 y 1829/2003 sobre trazabilidad y etiquetado de productos transgénicos. Con tal motivo se recordó la postura al respecto de algunas organizaciones de consumidores, como la OCU. En concreto, esta entidad dio la bienvenida a la normativa ya que, según encuestas propias, el 95 por 100 de los españoles estaba a favor de "etiquetar este tipo de productos". Salvo que Greenpeace y yo hablemos otro idioma, "estar a favor de etiquetar un producto" implica su aceptación previa. Pero es que, además, la propia OCU, que durante años pidió que no se levantara la moratoria europea sobre alimentos modificados, más recientemente condicionó el levantamiento a la toma de medidas eficaces sobre trazabilidad y etiquetado. Es decir, que los consumidores españoles representados y encuestados por estas asociaciones están a favor del consumo informado y responsable de transgénicos. Pero ellos no son "España", para Greenpeace.
Me extrañaría sobremanera que los ecologistas quisieran referirse a "los científicos españoles", pero si intentamos cotejarlo tampoco cuadra. Resulta francamente difícil, por no decir imposible, encontrar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la Sociedad Española de Biotecnología, en el Centro de Biología Molecular, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, en universidades y centros de investigación básica, etcétera, un grupo de opiniones relevantes que pudiera indentificarse con la postura radicalmente negativa de los ecologistas. Los científicos, mucho me temo, no son suficientemente españoles para Greenpeace.
No perdamos la esperanza. Porque, seguramente, con su pancarta, los atacantes del barco quisieron referirse a los votantes del PSOE, del partido más votado en las últimas elecciones generales, es decir, del que representa, en teoría, al mayor número de españoles.
Pero he aquí que nuestro nuevo Gobierno acaba de pronunciarse en el seno de la Unión Europea al respecto. Lo ha hecho con su votación en el comité para la Cadena Alimentaria y el Bienestar de la UE. Este organismo debía decidir si se autorizaba o no una nueva variante de maíz transgénico cuyos creadores han solicitado el ingreso en el mercado agrícola bajo el nombre de NK-603. Si "España no quiere transgénicos" es de esperar que el gobierno de los españoles se niegue a tal autorización. Pero nuestros representantes decidieron abstenerse. El gobierno del PSOE, con esta postura, ha pasado de perfil sobre el problema: se libra de alinearse con el "no" de los ecologistas y, de paso, se asegura que el maíz transgénico va a terminar autorizándose. El asunto parece encaje de bolillos. Hasta ahora todas las votaciones sobre este tema se habían saldado con un empate que obligaba a demorar la autorización. El gobierno del PP siempre votó a favor. El cambio de actitud de los socialistas hacia la abstención podría haber servido para desautorizar la variedad de maíz pero coincide con otro cambio de opinión: Italia, tradicionalmente contraria al permiso, ha votado a favor en la última ronda.
Como consecuencia, el empate sigue sin deshacerse. La situación de bloqueo obliga a elevar la petición al Consejo europeo donde ya no votan 15 sino 25 países y donde el equilibrio de fuerzas será muy distinto. Es decir que el PSOE ha perdido su última oportunidad de manifestarse en contra de los alimentos transgénicos y desestimar una variedad de maíz modificado como piden los ecologistas.
Así que si ni el gobierno de la nación, ni los científicos, ni los consumidores, ni los agricultores se deciden a decir "no" a los transgénicos, ¿quién queda en la "España" de Greenpeace?
Mejor no sigo buscando.