Con el triunfo electoral de Violeta Barrios de Chamorro sobre los sandinistas en 1990, Nicaragua entró en un período de libertad de expresión sin precedentes. Se multiplicaron los medios de comunicación, surgieron nuevos programas de todo tipo y se enriqueció el debate de ideas. En enero de 1997 llegó a la presidencia el liberal Arnoldo Alemán, lo cual hizo suponer que la libertad de expresión continuaría garantizada. Pero no ha sido así.
Poco después de asumir el cargo, Alemán empezó a dar muestras de intolerancia a las críticas periodísticas. Sus respuestas arrogantes, y un trato despectivo y grosero hacia los hombres y mujeres de prensa, convirtieron en tensas las relaciones, las que posteriormente se vieron agravadas por las frecuentes denuncias de actos de corrupción en el gobierno.
En un afán de congraciarse con los periodistas y de castigar a los dueños de medios de comunicación, el presidente Alemán envió a la Asamblea Nacional el 29 de febrero del año pasado un proyecto de ley con el nombre de Protección, Dignificación y Estímulo del Ejercicio del Periodismo, mediante el cual pretendía fijar el sueldo que debían ganar los periodistas en los medios de comunicación privados. Protestas de los dueños de medios, del Consejo Superior de la Empresa Privada, de destacados juristas y hasta de algunos periodistas, hicieron que Alemán desistiera de su propósito, pero dejó la iniciativa de ley dentro del cuerpo legislativo, en donde, en el momento que lo desee, puede reactivar esa aberrante idea.
A pesar de sus intentos para ponerle trabas a la labor de los medios de comunicación y de que las relaciones con el gremio periodístico en vez de mejorar han empeorado, hay que reconocer que la libertad de expresión se había mantenido hasta ahora. No obstante, Alemán acaba de descargar su más rudo golpe a la libertad de expresión en enero de este año. En vez de vetar por completo una ley de colegiación obligatoria de periodistas que fue aprobada apresuradamente por la Asamblea Nacional en la última sesión legislativa del año pasado, lo que hizo Alemán fue acogerla, modificarla y empeorarla.
Dicha ley limita la posibilidad de ejercer el periodismo exclusivamente a los que tengan título universitario de periodistas y que cuenten con credencial otorgada por el Colegio de Periodistas. Como si tal cosa no constituyera una flagrante violación a los derechos fundamentales y constitucionales de los nicaragüenses, Alemán no sólo demostró estar de acuerdo con esa violación sino que le agregó que el Colegio tendrá la facultad de enviar a la cárcel bajo el cargo de “vagancia” a cualquier persona que ejerza el periodismo sin su aval. En la Asamblea Nacional, los legisladores sandinistas y liberales se unieron para aprobar por unanimidad las reformas introducidas por Arnoldo Alemán.
El mayor atractivo que la ley tiene para algunos periodistas es el establecimiento de un sistema de prevención social privilegiado, similar al disfrutado por los militares. La diferencia estriba en que mientras el gobierno anterior vendió al Perú un lote de helicópteros de combate de fabricación soviética por varias decenas de millones de dólares para financiar el fondo de previsión social de los uniformados, esta vez, el Colegio de Periodistas sólo contará, como aporte del gobierno, con los fondos generados por un sorteo semestral de la Lotería Nacional.
El diario “La Prensa”, decano del periodismo nacional, ha anunciado que introducirá un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. De igual manera procederá la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN). Por su parte, la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), compuesta en su mayoría por periodistas simpatizantes del sandinismo, está muy de acuerdo con la ley de colegiación obligatoria, puesto que, además de haber sido una iniciativa de ellos, saben que si el Colegio se llegara a conformar sería controlado por sus miembros.
Es verdaderamente insólito que la libertad de expresión en Nicaragua esté siendo condenada a muerte por un presidente que, perteneciendo al Partido Liberal, ha demostrado con sus acciones ser completamente ajeno a los principios de la filosofía liberal.
© AIPE
Jorge Salaverry es miembro del Consejo Editorial del diario “La Prensa” y corresponsal de AIPE en Nicaragua.
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