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Columna publicada el 10-04-2005
Javier Gómez Navarro, presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, ha dicho que los comerciantes se están durmiendo frente a la nueva competencia. Todos los grupos de presión próximos al proteccionismo se le han lanzado al cuello pidiendo su dimisión.
La gran mayoría de los grupos de presión, sino todos, siempre han sido proteccionistas (a igual que la organización que preside Gómez Navarro). Esto es, obligan al resto de comerciantes, mediante las armas de la política (leyes, amenazas y violencia) a no servir a sus clientes. Creen que si todos “hacen piña” imponiendo sus normas y leyes —que les garantiza el poder coactivo del estado— vivirán mejor a costa del dinero del consumidor y pagador de impuestos. En este proceso de “solidaridad impuesta” intentan anular el esfuerzo y ansias de prosperar del resto de comerciantes eficientes aboliendo la libertad de mercado.
En la actualidad este esperpéntico juego proteccionista ha llegado a situaciones grotescas como prohibir productos en unas horas determinadas, cierres forzosos bajo pena de multas, licencias concedidas por el estado, prohibición de ciertos productos por consideraciones morales...
Tales restricciones inútiles sólo enrarecen la competencia haciendo un mercado rígido y pobre en cuanto a variedad, elección y precio. En reacción a esta situación hostil hacia el consumidor y hacia el propio sector surgen otro tipo de comerciantes libres que esquivan la coacción de los grupos de presión: los comerciantes de la economía sumergida que dan trabajo al poco capacitado, al que tiene pocos recursos económicos y ofrece al consumidor un abanico más amplio y competitivo de oferta. Por más proteccionismo que exista siempre habrá alguien con ganas de prosperar que se adaptará a las necesidades de la comunidad ofreciéndole lo que quiere aun a riesgo de ser castigado por las leyes. ¿Por qué hemos de criminalizar el esfuerzo personal, variedad de consumo, diversidad y alta producción?
Los proteccionistas creen que cuando algún comerciante vende un producto más barato que el resto se comete un crimen sin más, por eso recurren a las leyes. Lo descalifican como “competencia desleal”, pero lo cierto es que la llamada competencia desleal no daña a nadie. Nadie sale herido, robado ni muerto de su aplicación, sino al revés: beneficia al comerciante que quiere ganar más y prosperar en nuestra sociedad y beneficia al consumidor que pide productos baratos.
Por el contrario, el comerciante proteccionista pretende lo contrario: aumentar lo máximo posible su producto destruyendo parte de la producción (como ocurre en la agricultura), vivir de subsidios financiados por el contribuyente (que paga contra su voluntad y por miedo a las represalias del estado), leyes al libre comercio internacionales que encarecen los productos, crean monopolios y perjudican a los países pobres.
Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

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