El Gobierno sólo ha tardado dos años en montar una ley para luchar contra el paro. Estaban esperando que con suerte pasara la crisis. Una política no muy responsable. Al no cumplirse sus esperanzas, han tenido que hacer algo. No les ha salido muy bien a juzgar por las reacciones. El mismo día que María Teresa Fernández de la Vega y Celestino Corbacho comparecían para anunciar la reforma, el diferencial del bono español con el bund alemán superaba los 220 puntos básicos. Otro máximo que transmite la poca confianza que tienen los países extranjeros en nosotros y en las medidas de nuestros políticos.
No es para menos. Según de la Vega, el principal objetivo de la reforma es "reducir la temporalidad excesiva". Sorprendente. Esta mujer no lee los periódicos. El problema es otro. Hay una legión de parados, y somos los líderes de toda Europa en desempleo. En el mes de abril nuestro país llegó a una tasa de paro juvenil superior al 40%. También somos líderes indiscutibles en paro masculino y femenino, con casi un 20% en ambos casos.
El decreto ley que quieren aprobar no moverá nada. Ni siquiera a los sindicatos del Gobierno (CCOO y UGT), a juzgar por las encuestas de participación de la próxima huelga general. Uno de los principales talones de Aquiles de la nueva ley es que mantiene la litigiosidad actual. Si cualquier despido va a desembocar en el juzgado, a nivel práctico el mercado se quedará como ahora.
Es imperdonable que durante dos años el Gobierno no haya hecho nada y enfocado el problema de esta forma tan nefasta. Si quieren acabar con el paro juvenil, hay una solución fácil, y es eliminar el salario mínimo. Cuanto más caro sea contratar a los jóvenes, más les costará encontrar un trabajo. El salario mínimo pretende defender al laboralmente indefenso, pero lo único que hace es arrebatarle su principal baza, que es que cobra poco debido a su inexperiencia. Si queremos que los jóvenes cobren lo mismo que un senior con veinte años de bagaje laboral, sólo habrá seniors trabando en las empresas.
No tiene ningún sentido que los costes del despido ahora recaigan sobre la sociedad, sobre el erario público. Han magnificado el problema. Cada despedido le costará dinero a usted. De hecho, el Gobierno de Zapatero se ha centrado más en abaratar el despido que en reducir el coste de contratación, que sería lo normal.
Y es que con una tasa de desempleo superior al 20% es imperdonable que el Estado se quede con el 50% del salario de un empleado (sumando la parte que paga la empresa por el trabajador). Reducir esta confiscatoria parte abarataría la contratación y se podrían crear nuevos empleos de forma inmediata. Esto, que parece lo más razonable, es lo que ni se ha planteado el Gobierno de una forma seria. La razón es fácil de ver: bajaría su recaudación. Millones de desempleados justifican la recaudación del Gobierno. Pero no se preocupe porque un alcalde socialista se ha bajado el sueldo un 1%. Cobrará 700 euros menos sobre los 64.127,92 que percibía el año anterior. Otro político con los pies en la tierra.
Nos queda desempleo para rato; y más impuestos, más desconfianza de los inversores extranjeros, una deuda pública y privada de record Guinness, y un país que sigue cuesta abajo. Arruinados por un Gobierno de inútiles.