El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó el miércoles que la economía sumergida está en cotas del al 20% del PIB. Son números optimistas comparados con los de otros grupos como el Banco Mundial o los Técnicos de Hacienda que la sitúan muy por encima.
Lo interesante de las manifestaciones de Corbacho no fueron sus datos, sino sus declaraciones. Afirmó que en tiempos de crisis la economía sumergida aumenta. Durante el año 2009, la Inspección de Trabajo hizo un 30% más de actuaciones que el año anterior, lo que representó para la administración una recaudación en multas de unos 1.000 millones de euros (un 12,5% más que en el año 2008).
Todos los políticos y gobiernos de Occidente han perdido el mundo de vista y se han olvidado del origen de su función. El papel que desarrollan todos es el mismo: el de arbitrario juez económico y civil. Han olvidado una de las bases del buen Gobierno. El Estado trabaja para gente. Cada individuo que compone la sociedad no ha de dar explicaciones de nada al Gobierno. Sólo el Gobierno ha de dar explicaciones de lo que hace. El S. XX y XXI se han convertido en la sumisión y esclavización del ciudadano al tirano, al Gobierno y a la administración. George Orwell estaría orgulloso de su novela 1984.
Si en épocas de crisis aumenta la economía sumergida no es por gusto, es por necesidad. Que la administración, en plena crisis, quiera aumentar su recaudación con más impuestos contra la sociedad, incrementar las multas y subir de forma arbitraria los costes del mercado es un crimen contra el hombre libre. El Estado se ha convertido en la Santa Inquisición del Medievo. A igual que la Iglesia de entonces, que dejó de servir a la gente para obligarla a adaptar su estilo de vida y creencias, todos los gobiernos occidentales han hecho lo mismo en los últimos cien años. Castigan al infiel por una promesa futura de un mundo mejor. Los resultados son el terror, la represión, el robo legalizado, la esclavitud y la persecución económica y social.
Las cosas claras. El hombre nace libre y tiene derecho a su vida, propiedad y libertad. La función del Gobierno es garantizar estos tres principios. Pero lejos de garantizarlos son sus peores enemigos. Si no pagamos una cuota de la hipoteca, la policía nos echa de casa sin reparos, pero si un tipo que no quiere trabajar se cuela en nuestra casa y no sale de ahí, es imposible que la justicia lo eche. Si un delincuente nos roba, no se pasará más de dos horas en la comisaría; pero si nos defendemos de su agresión, nos multan por uso excesivo de fuerza. Y si nuestra web no se adapta al pensamiento único del Estado, la ministra Sinde nos cierra la página.
¿Qué legitimidad tiene un Gobierno así? Ninguno. La tiranía, aunque se cambie de ropajes cada cuatro años, va contra los principios fundamentales del hombre. Aunque lo exija la ley, el principio del hombre libre siempre ha de ser mismo: no dar explicaciones al Estado por nada por ejercer su libertad de expresión, de elección o propiedad (siempre y cuando no sea un crimen, cosa que no hace falta ni decir). Los impuestos, las leyes del Estado del Bienestar, la persecución del Gobierno contra las empresas, empresarios y particulares, o la imposición ecológica y del "bien común" son un crimen contra el ciudadano. Son el gran crimen de lo que representa el Estado hoy día en Occidente.