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Ley antitabaco

Los malos humos de la represión estatal

En pocos días ya no se podrá fumar en los lugares públicos aunque sean privados, porque un bar es un local con propietario privado. Si fuma en una zona sin humos usted será otro fascista que se merecerá el castigo de la ley por incívico, vicioso y criminal.

Aparte de las manipulaciones estadísticas, posible exageración sobre los efectos del tabaco, y el poder hegemónico del gobierno sobre las personas, podemos hacer un análisis de qué significará la ley para nuestra estructura productiva.

Recordemos que en España se producen más de 42.000 toneladas de tabaco al año y unas 20.000 familias viven de la industria generando unos ingresos cercanos a los 150 millones de euros. Que la industria tabaquera sea tan grande, a pesar del estado (altos impuestos, regulación de la publicidad...), significa que su existencia es la respuesta a una necesidad real. Esto es, una gran masa de la comunidad quiere consumir tabaco tal y como demuestran los resultados del sector, cualquier otra lectura sería sujetiva y partidista.

Restringir o abolir un sector productivo por razones morales o neo–puritanas significa la pérdida de libertad individual (impuesta por el dictador moral) y la destrucción de la libre estructura productiva por la que ha apostado voluntariamente la comunidad (anulada por el dictador de la producción). Violar la libertad siempre traerá pérdidas netas totales donde la empresa restringe su capacidad creadora y social (beneficios, dividendos, empleos…), y el individuo ve disminuir sus opciones.

En este proceso además aumentarán los trámites burocráticos, costes de vigilancia estatal, funcionarios… a los que se tendrán que someter empresas y particulares. La represión no sólo niega la libertad de unos a expensas de otros, sino que además, es cara de mantener generando corrupción administrativa.

Pero el error va más allá incluso. La ley antitabaco provocará las quejas de los empresarios afectados (bares, discotecas…). Recuperar su estatus anterior radicará en la movilización pacífica y/o violenta que les ha enseñado el estado del bienestar. Si arman suficiente escándalo o destruyen la propiedad ajena como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el gobierno les creará compensaciones económicas, no reduciendo los impuestos que pagan ya que eso sería un acto de sentido común, sino creando ayudas y subvenciones que pagaremos todos (fumadores, no fumadores, inmigrantes, estudiantes...). Esto significa un total o combinación de: más impuestos a empresas ajenas al sector y consecuente pérdida de competitividad, más impuestos a los particulares, reducción presupuestaria en otras partidas estales (sanidad, obras públicas... no, tranquilos que de RTVE no recortarán ni un solo euro), aumento de la deuda (que significa más impuestos en el futuro)... para después transferirlo a los empresarios y trabajadores que han sido víctimas del estado. De hecho, el sector del tabaco ya recibe fuertes subvenciones de la PAC. ¿No le parece un sinsentido? La nueva ley será la excusa perfecta para hacer crecer la vorágine estatal.

¿Qué es lo que han creado los políticos? Otro monstruo, la historia del estado del bienestar resumida en otra ley liberticida. Han convertido un sector que era próspero, generaba numerosos lugares de empleos directos e indirectos, cuantiosos beneficios y respetaba la libertad individual en un arma de control irresponsable donde, claro, el estado es el mayor beneficiario: 7.500 millones de euros por parte del gobierno español en impuestos y 63.000 millones para la Unión Europea.

La libertad nos beneficia a todos, el intervencionismo nos esclaviza social y económicamente. Pero aún y así, si nos “molesta el humo”, la solución no es prohibirlo, sino desregular la economía para que el mercado cree más lugares como Starbucks, donde no se puede fumar.

Estamos en el S. XXI, pero desgraciadamente el fin de la Segunda Guerra Mundial no significó el desmoronamiento del fascismo, ni la caída del muro de Berlín la desaparición del socialismo. El totalitarismo estatal aún está entre nosotros, y eso se paga.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

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