El guerrismo soñaba con un plan que hiciera desaparecer a la Iglesia de los ámbitos sociales y educativos, y ya lo tiene. El bloque de medidas del Gobierno Zapatero contra la Iglesia católica incide, precisamente, en sus dos pilares fundamentales: la educación y la financiación. Es la amenaza de borrar a la Iglesia de la faz pública de la tierra, de arrinconarla junto al estudio de Platón y Marx, de Osiris y Zeus. No ocurrió durante los gobiernos de Felipe González, y quizá por esto mismo vale la pena el intento de desentrañar el por qué, ahora, los socialistas insisten en arremeter contra la Iglesia.
El discurso del PSOE se centra en varias ideas fuerza. Primero, insiste en contraponer el "ciudadanismo" al catolicismo, la ciencia a la fe, en un debate, quizá necesario para la "alianza de civilizaciones", pero que se antojaba ya superado, como una conversación sobre otros tiempos, especialmente en una sociedad tan desarrollada como la nuestra.
A esto se le añade la cantinela de que el gobierno trabaja para garantizar la "laicidad" del Estado, ya que así lo marca la Constitución. Pues no. España no es un Estado laico, por mucho que les pese, sino un Estado aconfesional, según la Constitución. La diferencia estriba en que el laico declara ser independiente de toda religión, y el aconfesional añade a esto el reconocimiento del hecho religioso y, por tanto, se compromete a relacionarse con la confesión mayoritaria de forma preferente. De aquí se colige la financiación por el IRPF y el acuerdo con la Santa Sede de 1979.
Los socialistas no se detienen en esto. Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, ha denunciado ahora –sí, en la cadena SER–, que el acuerdo de 1979 es anticonstitucional. ¿Por qué? La razón que dio es que fue firmado con otro Estado, por un Gobierno, el de UCD, que no era aún constitucional porque ganó las elecciones en 1977; es decir, un año antes de la aprobación de la Carta Magna.
Los dineros son la segunda parte del entramado. El aumento del gasto público y la permisividad con el déficit autonómico aceleran la puesta en marcha de la acordada autofinanciación de la Iglesia. "Lo que no es tradición es plagio", y esto no es original en el suelo español. Godoy, Mendizábal y Madoz iniciaron una desamortización de los bienes eclesiásticos para allegar fondos a las exhaustas arcas públicas y, también, sostener con los hechos un discurso reformista.
La desamortización de Zapatero no se ve impelida a reparar el desagüe del dinero público, pues la caja quedó llena, y las cuentas del reino de España, según fiscalizó el entonces comisario europeo Pedro Solbes, eran, más que correctas, un modelo de equilibrio presupuestario y de crecimiento económico. La desamortización de este Gobierno consiste es sostener un discurso supuestamente reformista a costa de la Iglesia, porque lo creen una de las señas de identidad de la izquierda española.