El anuncio de la reforma constitucional ha puesto al descubierto, una vez más, la pobreza de nuestro sistema de partidos y de las asociaciones que se abrogan la representatividad social. El episodio entero es lamentable con independencia de si la reforma será eficaz o no, de si existían ya normas para evitar el déficit, o si hay una limitación de la soberanía nacional por parte de las instituciones europeas, que la hay.
La Unión Europea ha obligado al gobierno de Zapatero y al PSOE de Rubalcaba a tomar medidas para que los españoles no nos convirtamos en griegos. El PP de Rajoy vivía, y vive, la contradicción de saber la necesidad de los recortes al tiempo que tiene pesadillas pensando en la conflictividad social y política que se va a encontrar; sobre todo con una calle "caliente" por lo que queda de los "indignados" y una izquierda que desea cerrar filas con estos para resucitar.
La izquierda radical ha hecho un discurso apocalíptico sobre la "ruptura del consenso constitucional", como si la Constitución de 1978 hubiera sido su bandera alguna vez. Ver a Llamazares y a Cayo Lara rasgarse las vestiduras denunciando el "golpe a la Constitución" y al "Estado social", y el "secuestro de la voluntad popular", aun siendo tremendamente exagerado, no sorprende. IU es una formación que se ha convertido en la portavoz, o inductora, de lo más extremo de los movimientos sociales, ganándose a pulso la marginalidad y la equiparación con la izquierda más extravagante de Occidente. A pesar de todo, abierta la reforma IU sugiere que se amplíe con un sistema federal, los derechos sociales y el cambio de la monarquía por la república.
En la misma cuerda, CCOO y la UGT denuncian que con "nocturnidad y alevosía" se va a "introducir ideología" en la Constitución. Esto supone decir lo que sospechábamos, que el déficit y la deuda son cosas de izquierdas y que, por tanto, ha sido la izquierda la que nos ha metido en esta crisis que ha forzado a que la Unión Europea tenga que prácticamente intervenir en España. Es una buena confesión; inconsciente, pero buena.
El nacionalismo también se ha opuesto a la reforma porque sin irresponsabilidad presupuestaria; esto es, déficit, no pueden vivir. Sería "mortal de necesidad" según Joan Ridao, de ERC. En el caso de los nacionalistas, ya sean estos o el PNV, ERC, CC, BNG o CiU, no es tanto una supuesta defensa de la Constitución, porque poco les importó con el Estatuto de Cataluña, como el obtener "lo suyo". Así, una vez que se ha abierto la reforma exigen un cambio constitucional que "reconozca" la pluralidad nacional del Estado –como si ya no lo hiciera–. Pero los nacionalistas vascos y catalanes quieren ir más allá: piden que la "nueva" Constitución introduzca el "derecho" de autodeterminación; en el caso catalán, además, el concierto económico, y en el canario, la "especificidad insular" –vamos, más pasta–.
A todo esto, algunos medios, como Público, exageran la indignación social ante el anuncio de la reforma y caldean el ambiente preparando la previsible victoria del PP el 20-N. Hablan de que la democracia no resiste, o que no existe, o que la secuestran los "poderes económicos", al tiempo que elogian a los antisistema que desprecian la democracia liberal.
El resultado es espectacular: más inestabilidad y menos credibilidad exterior. Bravo.