No hay ya institución en esta España democrática en la que la corrupción no haya puesto su mano. Los catorce indicios esgrimidos por el juez para imputar a la infanta Cristina en el caso Nóos terminan por tocar a la institución que había suscitado más simpatía y apoyo entre la sociedad desde 1981, la Monarquía.
No es la primera vez en la historia contemporánea de España que la Corona es juzgada por corrupción. La diferencia con los casos anteriores es la libertad de los medios de comunicación y la mayor independencia del poder judicial. La opinión pública ha desempeñado siempre un papel determinante, porque los partidos y los dirigentes políticos sólo se han atrevido a llegar hasta las últimas consecuencias en sus denuncias cuando la sociedad ya había condenado la actitud de los Reyes.
No fue el primero, ni el más sonado, pero Fernando VII, por ejemplo, empleó el dinero que pagó Gran Bretaña a España para que abandonara el tráfico de esclavos en comprar unos buques podridos a Rusia. En el camino quedó bastante oro, y en el fondo del mar aquellos pecios nada más llegar a las costas españolas.
María Cristina de Borbón, casada en segundas nupcias con Fernando Muñoz, fue el paradigma de la corrupción durante el reinado de su hija, Isabel II; la verdad sea dicha, junto al Marqués de Salamanca, un individuo al que Madrid dio el nombre de uno de sus barrios más renombrados. Concesiones ferroviarias, contratas y movimientos financieros llenaron los bolsillos de muchos arribistas y de la Reina Madre. Tanto fue así que la revolución de 1854 se hizo en gran medida para acabar con aquella corrupción y echar a María Cristina del país. En el paroxismo revolucionario de los primeros momentos la muchedumbre asaltó su casa de la capital y la arrasó.
Otro tanto ocurrió con Isabel II, a la que no le cabían en su mala reputación más calificativos. La primera denuncia seria de corrupción data de febrero de 1865, y la hizo Emilio Castelar en las páginas de su periódico La Democracia. En el famoso artículo "El rasgo", Castelar denunció que la Reina hacía un buen negocio al ceder el 75% de la venta del Patrimonio Real para impedir el anticipo de los impuestos, porque ella y "una docena de traficantes, de usureros" iban a "engordar" sus bolsillos con el 25% restante, y a costa de un patrimonio que en realidad era nacional. Claro, Castelar acabó separado de su cátedra.
Una vez derrocados los Borbones, las Cortes de 1869, a instancias del ministro de Hacienda, el catalán Laureano Figuerola, quisieron procesar a Isabel II y a María Cristina de Borbón por haber abandonado España en septiembre de 1868 llevándose las "joyas de la Corona". Cánovas se opuso entonces al procesamiento, no porque las considerara inocentes sino por mantener la dignidad de la institución. El proceso nunca se llevó a cabo.
Alfonso XII, a diferencia de los anteriores, fue un rey honrado y generoso en términos generales. Cualidad esta última que heredó Alfonso XIII, quien resolvió mal el expediente Picasso sobre el Desastre de Annual (1921), que pareció implicarle. Así lo tomaron las Cortes de la II República, que estudiaron dicho informe y lo condenaron in absentia en noviembre de 1931, aunque no había pruebas de nada.
La falta de sensatez de los Reyes en asuntos legales en ciertos momentos de nuestra historia cercana ha provocado que se pasara de la denuncia de las personas que se arremolinaban a su alrededor para sacar un beneficio espurio al debate sobre la institución monárquica. Pero peor si un miembro de la Familia Real se ve imputado y ahora se entiende que la justicia es "igual para todos". Mal asunto.