A la hora de definir un totalitarismo, cualquiera, Hannah Arendt establecía unas características comunes. El buen totalitario gobernante, en primer lugar, transforma las instituciones y normas que rigen el país, buscando fortalecerse y perpetuarse en el poder. Revestido de legalidad, el totalitario cierra los caminos que permiten la alternancia pacífica en el gobierno. No basta con la reforma institucional, sino que necesita controlar la opinión pública a través del monopolio o fiscalización de la información y la educación. De esta manera, el totalitario adoctrina, transmite valores, y a través de la propaganda crea la verdad oficial, lo políticamente correcto. El Gobierno, su partido y sus aliados se convierten en la voz del país, identificándose con la nación, el Estado o el pueblo, de manera que criticar es mentir, crispar o ser antipatriota.
La oposición deja de ser el adversario político, y pasa a ser el enemigo del país, al que es obligatorio, y correcto, marginar. La discrepancia se convierte en un modo de subversión, y las libertades individuales en un obstáculo para el proyecto de reforma o revolución. El totalitario, así, restringe los derechos del individuo por el bien de la nación, de la raza, del Estado, del proletariado, en fin, de ese colectivo del que él se siente único y autorizado portavoz. Una religión distinta, un idioma mal visto, una lectura inadecuada, un medio informativo que critica, una indumentaria burguesa, son traiciones a la patria, al Estado. Y hay que denunciarlo, marginarlo, y hacerlo desaparecer. El aparato represor, en lógica, se perfecciona, y no sólo vela por la ley el hombre uniformado, sino que cualquier ciudadano, el vecino, el tendero, el compañero de trabajo, puede ser un informador, un delator.
El gobierno de Cataluña, el tripartito, está sumergiendo a aquella región en un sistema que va adquiriendo las formas de un totalitarismo. El proyecto de reforma del Estatuto catalán contiene los elementos suficientes como para dejar sin efecto los derechos individuales en su territorio. Pone, además, las bases institucionales para que la opción nacionalista no abandone jamás el poder. Y para asegurarlo, no le basta con tener una educación que adoctrina en el dogma catalanista, sino que establece un comisariado, el CAC, para conceder “veracidades” a la información.
Controlada la opinión pública es sencilla la imposición de la verdad oficial, de ese cuerpo doctrinal que el buen catalán debe conocer y practicar. La identificación, entonces, del Gobierno catalán y de sus partidos con Cataluña quiere ser completa. Oponerse o criticar sus decisiones es manifestarse contra Cataluña. El adversario se convierte de esta manera en enemigo de la nación catalana, y es correcto, en consecuencia, marginarle.
