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Las elecciones autonómicas y municipales se han adelantado, en sus últimas ediciones, a lo que ocurriría en las generales, por eso las que están convocadas para mayo son tan importantes. No nos jugamos sólo ni principalmente cómo van a gestionar nuestros recursos las administraciones más cercanas, sino principalmente hasta dónde están dispuestos los españoles a refrendar el cambio político e institucional liderado por Rodríguez Zapatero. Más que nunca, estas elecciones tienen un trasfondo nacional.
Pero no por ello es menos importante el programa que el único partido de la oposición quiere presentar ante los votantes. ¿Es decepcionante? Mucho. Por comenzar por lo mejor, prevé la rebaja en un punto del IRPF y la progresiva desaparición del impuesto sobre sucesiones y donaciones, uno de los más injustos. Pero a partir de ahí, vacila entre la nada y el despropósito.
Propone penas más duras para los delitos de corrupción, lo que es irrelevante. ¿Están acaso las cárceles llenas de alcaldes y concejales? Si quien se beneficia del poder arbitrario que tienen los responsables de urbanismo de los ayuntamientos sabe perfectamente que lo más que le puede ocurrir es que le sustituyan en el chiringuito, ¿qué más da si aumentan o disminuyen las penas? El problema está en que en última instancia dependa de la decisión de un pequeño grupo de personas el que un terreno se pueda utilizar para un uso ruinoso u otro que generaría enormes beneficios. Hacer política en el urbanismo es el problema. No se permite que sean los empresarios quienes decidan cuál es el uso más adecuado de cada parcela, sino que es el concejal de turno el que puede permitir o no un negocio millonario. Si el PP quiere acabar con la corrupción urbanística, que liberalice el suelo en sus comunidades autónomas, en la medida que le permita la terrible Ley Trujillo.
Por lo que se refiere a Sanidad, el PP propone mantener y profundizar en el sistema. La gente recurre a él para los aspectos en que aún es fiable, pero prefiere el sistema privado. Todos pagamos el sistema público, pero en cuanto podemos huimos de él, incluso haciendo un pago añadido para que nos traten en el privado. ¿No será mejor facilitarle a la gente lo que desea?
¿Qué decir de la educación? El PP lo tiene muy fácil. Sólo tiene que recoger el creciente interés de sus votantes por el cheque escolar. Las ventajas serían enormes. No sólo introduciríamos más competencia entre las escuelas, lo que mejoraría la calidad. Es que facilitaríamos a los padres la elección de la educación que quieren para sus hijos y que, salvo contadas excepciones, no tiene nada que ver con la Formación del Espíritu Progresista que nos quieren imponer desde Educación.
Me da la impresión de que hay algo que todavía no acaban de ver claro en el PP. Sus votantes quieren que se les permita decidir sobre ámbitos cada vez más amplios de sus propias vidas. Pero esta derecha se empeña en imponer sus valores desde el Estado, y en su torpeza acaba asumiendo e imponiendo los de la izquierda. Si acepta el sistema, se traiciona. Si lo transforma en una sociedad más liberal, en que la gente pueda tomar sus propias decisiones y tenga más sobre lo que decidir, no sólo nos hará un enorme favor, sino que ampliará la base de su electorado.
José Carlos Rodríguez es miembro del Instituto Juan de Mariana

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