A falta de ideas, que de eso nadie gasta, y en medio del tedioso nadir de esta campaña, rutinario desfile de trajes vacíos y sonrisas Profident en busca de su minuto de gloria en Twitter, ha vuelto a irrumpir en escena un clásico muy del gusto de progresistas de vario pelaje y neoliberales doctrinarios: la pretendida conveniencia de legalizar el trafico mercantil de las drogas llamadas blandas. Acaso porque las drogas duras de verdad, como el pensamiento, cuentan cada vez con menos adictos en España, acaso por efecto de esa capa de desenfadado acné juvenil que hoy impregna el discurso político nacional, lo cierto es que el asunto se ha hecho un hueco en lo que los papanatas anglófilos llaman "la agenda".
Una vindicación, la del porro, que sin tener mayor interés en sí misma ofrece una excusa para fijar las lindes fronterizas entre la tradición del pensamiento político liberal-conservador, siempre marcada por la idea de un Estado limitado, y el minimalismo anarquizante de ciertas corrientes teóricas de inspiración libertaria que, más de una vez, se confunden con la primera. Confusión alimentada, conviene reconocerlo, por los propios escritos canónicos de algunos clásicos. Así, la defensa militante del derecho al porro suele apoyarse en el aserto más célebre de Mill hijo, el que sostiene que la libertad individual solo puede verse limitada de modo legítimo cuando su ejercicio implique un perjuicio para otros individuos.
Pero es precisamente ese argumento de Mill el que invita a defender la estricta prohibición de todo trapicheo comercial con drogas. Y es que tal abstracción filosófica, el individuo, no existe en el mundo real. Lo que existe son las personas, los seres humanos nacidos en el seno de una familia y socializados dentro de una comunidad. Seres humanos que no son mónadas aisladas, sino que dependen de otros desde el mismo instante en que nacen hasta su último suspiro sobre la tierra. Con nuestros hijos, con nuestros padres, con cuantos necesitan de nuestro apoyo, los seres humanos contraemos obligaciones que no están subordinadas a la caprichosa voluntad subjetiva, que constituyen imperativos irrenunciables.
Por eso a los seres humanos reales, los de carne y hueso, no se les puede conceder bajo ningún concepto el derecho a hacerse daño a sí mismos. Porque nadie se hace daño a sí mismo sin, al tiempo, herir a otros. Nadie, absolutamente nadie. De ahí que el Estado tenga el legítimo interés, la obligación mejor dicho, de protegernos de las prácticas autodestructivas en que pudiéramos incurrir. ¿Prohibido prohibir? No me vengan con niñerías a estas alturas.