Hace apenas unas horas acaba de ser presentada en público la versión catalana del cuento de la lechera. Un remake vernáculo promovido a instancias de la Generalitat que responde por Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña. Así, los catorce transeúntes nacionales que lo integran, peritos todos ellos en sediciones, aconsejarán a Mas sobre la creación de "estructuras de Estado". Empeño que, según se nos dice, abarcará desde la muy perentoria fundación del banco central de Cataluña, pasando por la organización del servicio diplomático doméstico y los protocolos para acceder a la doble nacionalidad, hasta la fijación de los criterios técnicos que habrán de regir un reparto justo y equitativo del patrimonio actual del Estado español.
Todo ello, huelga decir, mientras la hacienda autonómica carece de fondos para siquiera abonar la nómina del mes de abril a sus doscientos mil empleados; varios proveedores rehúsan servir tiritas y aspirinas al Servicio Catalán de Salud por falta de pago; los hospitales concertados anuncian despidos inminentes de médicos tras acumular ya dos años de retrasos en los cobros; y se rogaba, en fin, un crédito a Madrit al objeto de reembolsar los cuatro mil novecientos millones en bonos patrióticos que vencerán esta misma semana. "Construir castillos en España" llaman los franceses a ese tipo de ensoñaciones fantasiosas. Mas, un gobernante frívolo en cuya cabeza únicamente sobresale el tupé, ha logrado encerrarse él solo en un callejón sin salida.
Por un lado, no dispone de ningún otro prestamista en el mundo distinto del Ejecutivo central; ni un céntimo puede obtener de los mercados para seguir capeando la quiebra de la Generalitat. Por otro, su personal e intransferible supervivencia política depende de aferrarse a la alianza estratégica con la Esquerra. Y es que cualquier concesión a la racionalidad con efectos retroactivos abriría las puertas a que fuese defenestrado al frente de CiU. Así las cosas, acabar de romper el finísimo hilo que aún lo mantiene anclado a la legalidad constitucional significaría la inmediata bancarrota de la Administración catalana, un escenario de consecuencias apocalípticas. No hacerlo entregaría a ERC el rédito electoral todo de la frustración colectiva del nacionalismo sociológico. Dispone, pues, de una única tabla de salvación mesiánica: reencarnarse en otro insensato, Companys, forzando que el Estado intervenga la Generalitat. Y en ello anda.