Ha hecho falta que irrumpiera en escena ese Pablo Iglesias, un tipo lo bastante listo como para leer a Lenin y a Gramsci mientras imita en la tele la retórica garbancera del gran José María García, el Butanito, para que el PP asuma algo parecido a un programa regeneracionista. Lástima que la elección directa de los alcaldes, el más sugerente de los propósitos de enmienda anunciados por Cospedal, solo llegue con dieciséis años de retraso sobre el horario previsto. Y es que, aunque nadie lo recuerde, allá por 1998 el PSOE presentó un anteproyecto de ley similar que acabaría durmiendo el sueño de los justos tras disolverse las Cortes por un adelanto electoral. Ni PSOE ni PP volverían a mostrar interés alguno por el asunto. Hasta ayer, claro. A buenas horas, pues, mangas verdes.
Cuando ya no queda en España un solo centímetro de costa sin urbanizar a golpe de bolsas de deportes llenas de fajos para el concejal del ladrillo de turno, llega el tío Mariano con las rebajas. Aunque acaso el incordio a atajar no sea la corrupción, sino la eclosión de adas colau que amenaza con demoler el statu quo del poder local en España dentro de apenas doce meses. En cuanto al segundo brindis al sol de Génova, el afán tan reiterado de reducir de número de ayuntamientos, la lógica indica que quedará en eso, en mera proclama de telediario. Porque el problema de los municipios rurales no es su número, sino la excesiva dispersión espacial de las poblaciones que los integran. Algo que no se arregla ni con fusiones ni con absorciones. Mantener un municipio de catorce kilómetros, está comprobado, viene saliendo por idéntico precio que dos de siete.
Sépase, por lo demás, que el 50% de los ayuntamientos españoles, uno de cada dos, comparten servicios como el de recogida de basuras de forma voluntaria. En cualquier caso, ¿son muchos o pocos los 8.115 municipios que hay en España? Si se comparan, por ejemplo, con los 3.000 clavados que posee Suiza, un país de bolsillo, no semejan excesivos. Desengañémonos, esa historia de los ayuntamientos es una tontería propagandística, nada más.
Por último, a la reducción del número de aforados y diputados regionales, el tercer propósito navideño del PP, únicamente cabe objetar un pequeño contratiempo formal, a saber, que el Gobierno carece de competencias legales en ese asunto, regulado por los respectivos estatutos de autonomía. Simplemente, no pueden hacerlo.
Lo dicho, ha hecho falta que irrumpiera en el gallinero Pablo Iglesias para que el PP descubriese el dulce encanto del populismo antipopulista.