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Columna publicada el 03-12-2004
La anécdota aparentemente pueril de vetar a la cadena COPE en la gira exterior de Moratinos deja entrever la categoría que se esconde tras lo que se antojaría una simple rabieta del ministro. Porque ese incidente ilumina de un modo particularmente obsceno la profunda transformación que ha sufrido el PSOE tras sus ocho años de travesía del desierto. Y es que si el felipismo supuso un proyecto sistemático para estatalizar la sociedad, el programa real de los nuevos dirigentes va justo en la dirección contraria: ahora, el objetivo es privatizar el Estado.
Sin que casi nadie esté reparando en ello, con la llegada de Zetapé al poder asistimos a una catarsis que rompe con las señas de identidad seculares de la izquierda española. De hecho, si algo define la praxis política del equipo de Zapatero, es precisamente el afán de invertir los valores que siempre habían inspirado la filosofía del partido. De la ingeniería social concebida como tosca valla electrificada que forzara la máxima igualdad de resultados, han saltado a un nuevo programa máximo que postula justo lo contrario, la desigualdad, como horizonte ideal.
Así, el intervencionismo económico, el viejo buque insignia de su acción de gobierno, poco a poco, va desapareciendo por el foro. Deja paso a un novedoso arsenal doctrinal que tiene como inspiración última minar los fundamentos de la meritocracia. Porque, ahora mismo, socialismo significa desigualdad. Desigualdad exigen los profesores universitarios en su lucha en pos de no ser evaluados. Desigualdad reclaman los estudiantes que sí desean notas, aunque no exámenes. Desigualdad piden los empleados públicos que pugnan por no ser tratados de idéntico modo que los de las empresas privadas. Desigualdad defienden todas las minorías morales, sexuales y religiosas en su afán por elevar sus prácticas marginales a ortodoxia estatal. Desigualdad imploran los nacionalistas para que la gente sufra distinta cobertura de servicios públicos en función del suelo que pise. Desigualdad, en suma, anhela la Gran Coalición de los Resentidos; esa legión de grupos corporativos, lobbies y oenegés, lanzada a una doble cruzada: por un lado, la de la extensión a todos los frentes del asalto al presupuesto público; y por otro, la de la legitimación de la metástasis en el descontrol de los usos privatizados de esos recursos.

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