El ciudadano Pedro Sánchez Castejón tiene al alcance de su mano ser presidente del Gobierno dentro de cien días, algo que quizá no solo sería bueno para él sino también para España. Coronar esa meta únicamente requerirá que haga algo tan simple como imitar a los dirigentes serios del Partido Socialista que le han precedido en el cargo, empeño que apenas excluye al hijo del viento. Así, y empezando por los eternos trece años de Felipe Gonzalez en La Moncloa, todos ellos antepusieron los intereses estratégicos del PSOE a los de su franquicia en Cataluña, el PSC. Una crónica subordinación de la parte al todo que siempre vino impuesta por la necesidad de no contrariar a su habitual muleta parlamentaria, el mal llamado Grupo Catalán del Congreso, ahora difunto tras el final asilvestramiento de CDC.
Solo el muy bisoño Zapatero rompió esa sensata pauta cuando el desvarío maragalliano del Estatut. Y de aquellos polvos inconstitucionales, estos lodos separatistas. La alegre frivolidad del socialismo catalán, amparada y alentada en su día por la no menos irresponsable temeridad del zapaterismo, ambas al alimón, son las causantes últimas del callejón sin salida al que hoy se ven abocadas Cataluña y, por ende, España toda. Sánchez Castejón tiene mucho que aprender de Felipe González y mucho que olvidar de Rodríguez Zapatero. Si logra hacerlo en las ocho semanas que restan hasta el inicio de la campaña, será presidente. Tiene cualidades suficientes para serlo. No es Churchill, cierto, pero tampoco un provinciano indocumentado con la sesera poblada de pájaros carpinteros.
Sánchez Castejón puede encabezar un proyecto regenerador capaz, codo a codo con otras fuerzas emergentes, de desarrollar el guión de un relato que galvanice a esas vastas clases medias que constituyen la columna vertebral del país. Puede y debe. Pero antes habrá de renunciar a la tentación asimétrica que nunca deja de rondar entre los aprendices de demiurgo de Ferraz. Los dos pilares, pacto fiscal y blindaje definitivo del monolingüismo vernáculo en el ámbito catalán, en los que se fundamenta la propuesta de desmantelamiento constitucional auspiciada por el PSC, ambos, resultan inadmisibles desde una perspectiva federalista, nacional y, permítaseme la expresión, patriótica. Absolutamente inadmisibles. Un ciudadano español tiene que tener los mismos derechos –y las mismas obligaciones– en Barcelona, en Cádiz y en Lugo. Los mismos. Y el día en que eso no sea así, España habrá dejado de ser España. Sánchez Castejón dispone de ochenta días a partir de hoy para reflexionar: o los intereses del PSC o La Moncloa. Él decide.