Quizá me preocuparía algo la separación de Cataluña si no se hubiese producido ya. Y es que la trama de afectos mutuos que los manuales de Ciencia Política coinciden en llamar nación hace mucho que está rota en este arisco rincón del Mediterráneo. De lo que fuera proyecto histórico de vida en común apenas resta aquí un mero formalismo jurídico, el Estado, que es lo que ahora se apresta a demoler Artur Mas. Que tantos avestruces de Madrid lleven tres décadas sin querer acusar recibo de la realidad es asunto que solo a ellos y a sus psicoterapeutas compete. Así las cosas, a nadie debería asustar la idea de un referéndum. Entre otras poderosas razones, porque esa consulta se acabará produciendo, guste o no.
Y mejor sería que fuera el Estado quien velase con sus medios por la limpieza del escrutinio. Una profilaxis inimaginable en caso de dejar las urnas en manos de los secesionistas, como se vio con la comedia de los butifarrendums domingueros. España, que a diferencia de Cataluña sí es una democracia adulta, debe conducir a los nacionalistas hacia la mayoría de edad. Acabemos de una vez, pues, con el eterno chantaje del niño que amenaza con fugarse del hogar paterno si no le regalan otra piruleta. Hágase el referéndum. Pero sin bálsamos semánticos, medias tintas retóricas o ambiguas cataplasmas literarias.
Que la pregunta resulte clara e inequívoca: "¿Quiere usted irse de España con todas las consecuencias?". Y que se olviden del euro, de la UE, del BCE, de la OTAN, de la OMC, del FMI y del primo de Zumosol, como Argelia cuando rompió con Francia. Si pretenden hacer el triple mortal, que lo hagan, pero sin red. Nada de estaditos libres asociados, federaciones asimétricas ni principados de Andorra con puerto de mar. He ahí el artículo 92 de la Constitución, que, tal como acaba de recordar Francesc de Carreras, ofrecería cobertura legal a una consulta jurídicamente no vinculante. Por lo demás, si la unidad de España no es sagrada, la de Cataluña tampoco. Emúlese la Ley de Claridad de Canadá, que permite permanecer en el Estado federal a los territorios de Quebec que voten contra la independencia. Y procédase luego a la pertinente reforma constitucional. A ver si, por fin, logramos que crezcan.
Nota bene: La Ley de Claridad vigente en Canadá establece que la pregunta deberá ser aprobada por el Parlamento federal, y que habrá de transcurrir un mínimo de veinticinco años entre una convocatoria de referéndum y la siguiente.