La prima de riesgo de los Estados Unidos de América es superior en 50 puntos básicos a la del Reino de España (según el último cierre, el del viernes pasado). He ahí todo el miedo real que los mercados experimentan ante la eventualidad del Frente Popular. De los dos argumentos recurrentes que se manejan para instar a que se evite la repetición de las elecciones, Cataluña y la economía, solo el primero posee alguna consistencia genuina. Lo sustantivo de la cuestión económica, desengáñense los ilusos si alguno queda, resta fuera del ámbito de influencia del Estado-nación. A esos efectos, nada de lo en verdad importante va a cambiar por el hecho de que en el Consejo de Ministros tomen asiento representantes del PP, de PSOE o de Ciudadanos. La fantasía de que la crisis estructural, ontológica, crónica, que sufre el aparato productivo español sería susceptible de una solución técnica,vía reformas que introduzcan eficiencia en sus arterias principales, no es más que eso, una fantasía regeneracionista.
El colapso económico del sur de la Zona Euro, del que España apenas supone una región periférica, es consecuencia directa de una decisión política, la implantación de la divisa común, y solo puede tener una solución política: la creación de un genuino Estado europeo presto a afrontar las transferencias fiscales y financieras propias de un Estado. Algo que no va a suceder ni mañana ni pasado mañana. Algo que incluso es probable que no llegue a ocurrir nunca. Mientras tanto, España seguirá quemando etapas en su proceso acelerado para transformarse en un país low cost, con arquitectos y bioquímicos trabajando de guías turísticos por cuatro chavos y un Estado del Bienestar llamado a la quiebra por la miseria tributaria con la que esos nuevos pobres con empleo pueden contribuir a sostenerlo. Queda, entonces, el problema catalán como prioridad primera del Ejecutivo de Madrid. Un tercio de los catalanes son y serán separatistas. Siempre ha sido así y siempre será así. Eso no tiene remedio.
El problema radica en que, tras la Gran Recesión, ese tercio secular ha crecido hasta el 47% del censo. Es el independentismo de nuevo cuño, el desesperanzado y en absoluto identitario de las víctimas locales de la crisis. Son los jóvenes sin futuro que hoy se agarran a una estelada como a un clavo ardiendo. Para acabar de complicar las cosas, aquí el independentismo no es mayoritario, pero el catalanismo político sí lo es. Todo dependerá, entonces, de que los catalanistas que ahora se muestran deliberadamente ambiguos, Colau & Cía, se inclinen por una u otra postura. La bandera del referéndum, que es la que Puigdemont se apresta a recuperar tras la rocambolesca espantada de Mas, volverá a reagrupar a los catalanistas en torno a un mismo proyecto. Ocurrirá pronto. Llegado ese instante escénico, si Madrid se conduce con torpeza el independentismo puede llegar a devenir dominante. La condición necesaria y suficiente para una declaración unilateral de independencia que tal vez contara con algún asentimiento fuera de nuestras fronteras.
Urge desactivar semejante escenario atrayendo al campo constitucional a la tercera Cataluña. Y esa debiera ser la prioridad de un Gobierno formado por PSOE y Ciudadanos. Un Gobierno que respondiera a la voluntad de cambio tranquilo y sin estridencias que reflejaron las urnas en diciembre. Un Gobierno que, por responsabilidad de Estado, debiera hacer factible el PP con su abstención en la investidura. La reforma de la Carta Magna llamada a constituir el plato único de ese Ejecutivo con fecha de caducidad a dos años como mucho ofrecería la excusa perfecta para que Cataluña, junto al resto del país, pudiese dar de nuevo su asentimiento expreso al marco constitucional de la Nación. Un golpe demoledor contra la hiperlegitimación democrática de los separatistas. Algo bien factible que en última instancia solo dependería de la capacidad de sacrificio personal y del sentido de la responsabilidad histórica de un hombre: Mariano Rajoy.