¿Por qué en Canadá, un territorio de origen, lengua y cultura anglosajonas que dista cero kilómetros de los Estados Unidos, jamás ha supuesto problema alguno la existencia de un sistema sanitario de cobertura universal sostenido con recursos públicos, mientras que en su vecino del sur, en cambio, ese mismo asunto lleva más de medio siglo suscitando una permanente fractura política que va camino de no resolverse nunca? ¿Por qué resulta tan políticamente difícil que Estados Unidos, al fin y al cabo el país más rico del planeta, pueda dotarse de un sistema sanitario más o menos homologable a los vigentes en todos los países desarrollados desde el final de la Segunda Guerra Mundial? Sobre esa cuestión se han vertido ríos de tinta, desde las tesis economicistas que tratan de explicarlo amparándose en los altos salarios hasta las que quieren encontrar el origen de su singularidad en el individualismo de raíz protestante que informa el carácter nacional de Estados Unidos. Sin embargo, late siempre un factor, el innombrable, que explica lo que de otro modo nunca se acabaría de entender del todo. Y ese factor no es otro que la raza.
A fin de cuentas, Trump, un presidente republicano que ganó gracias a los votos de la clase obrera blanca y empobrecida, está topando en el primer tercio del siglo XXI con el mismo problema, exactamente el mismo, que tuvo que afrontar en el primer tercio del XX Franklin Delano Roosevelt, un presidente demócrata que necesitó los votos de los racistas blancos y pobres del Sur para poner en marcha el New Deal. Que Roosevelt no pudiese completar nunca la construcción del Estado del Bienestar en Norteamérica con un sistema de sanidad universal solo se explica por la oposición radical de su propio partido en el Sur. Pese a ser ellos mismos, en razón de sus bajos ingresos, los principales beneficiarios del proyecto de sanidad pública y gratuita que propugnaban primero Roosevelt y después Truman, los blancos del Sur, temiendo que la asistencia universal acabase con la segregación racial en los hospitales, se opusieron con uñas y dientes a la idea. Se opusieron y se siguen oponiendo, por cierto. Imposible comprender la extrema virulencia emocional de la batalla en torno a la demolición del Obamacare sin reparar en esa clave subterránea. Y es que, contra lo que se suele creer, las afinidades raciales y culturales entre los grupos humanos se acaban revelando mucho más potentes casi siempre que los vínculos de clase.
País de frontera fundado por inmigrantes, Estados Unidos emergió como nación soberana escindido por profundas barreras étnicas. Unas barreras tan enraizadas en el sustrato cultural sobre el que se asientan que hicieron inviable trasladar al otro lado del Atlántico el principio universalista que caracteriza (todavía) el acceso a los beneficios del Estado del Bienestar en Europa Occidental. Así, desde el instante en que los miembros de las minorías raciales se encuadran de forma mayoritaria entre los norteamericanos con menor nivel de renta, cualquier medida gubernamental de carácter redistributivo comportará que sus efectos orbiten en torno a esas mismas minorías. No por azar el gran consenso social en torno al Estado del Bienestar europeo se fraguó en una época histórica, la inmediata posguerra, en la que aún ni se imaginaba el impacto de las migraciones masivas extracontinentales propias de nuestro tiempo. Como tampoco por casualidad la aparición aquí de las mismas fracturas étnicas y culturales que conoció Norteamérica en su día ha coincidido con la huida de la base electoral de la socialdemocracia hacia la derecha extrema, tránsito cuyo paradigma encarna el caso francés. Frente a la explicación recurrente de la propia izquierda, el ocaso de los partidos socialistas en la Unión Europea tiene mucho más que ver con la fractura de su electorado entre autóctonos y extranjeros que con las recetas de austeridad dictadas por Bruselas. No es que Estados Unidos sea muy distinto a los demás, es que la condición humana resulta igual en todas partes.