Según las cifras recién publicadas esta semana de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre de 2002, el número de ocupados en España ya alcanza los 16,2 millones de personas. Se reanuda de este modo la generación de empleo tras el mal dato anterior. Por cierto que dicho primer trimestre había sido el primero, desde que los socialistas abandonaron el poder, en el que se producía perdida neta de empleos.
Curiosamente, hace una semana conocíamos el dato de que la Alemania rojiverde ya rebasaba los cuatro millones de parados. Quien tenga un poco de memoria recordará que hubo un tiempo en el que la República Federal de Alemania era un ejemplo para toda Europa a la hora de crear riqueza. Claro que eso era antes de que los germanos decidiesen expulsar del gobierno a democristianos y liberales y tener por primera vez desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, un gobierno exclusivamente socialista coronado con la guinda ecologista. ¿Qué ocurre? ¿Que ahora los alemanes ya no son trabajadores y ordenados? En Francia, mientras tanto, la Ministra de Trabajo socialista, que aprobó la reducción forzosa de la jornada laboral a 35 horas semanales, ni siquiera obtenía acta de diputado en las últimas elecciones legislativas. Eso después de que Jospin –que tan magníficamente lo estaba haciendo en el gobierno según los medios del grupo PRISA– fuese superado incluso por Le Pen en las presidenciales de mayo.
Me viene a la memoria un programa de hace menos de diez años en Televisión Española. El insigne “economista” Ramón Tamames, apoyando las propuestas de los sindicatos, “explicaba” a una audiencia desprevenida por qué era necesario reducir coactivamente la jornada laboral. Enlazando un sofisma detrás de otro, el bueno de Tamames mostraba que el número de afiliados a la Seguridad Social –alrededor de 13 millones de ocupados entonces– era en 1972 prácticamente idéntico al que existía veinte años después, en 1993. Nuestro ínclito catedrático concluía que en el “nuevo entorno económico” ya no se podía crear empleo. La solución era, pues, “repartir” los empleos existentes. Según Tamames, era “evidente” que el crecimiento económico ya no era capaz de generar puestos de trabajo, sobre todo si se tenía en cuenta que el PIB había crecido en esos veinte años a un ritmo cercano al 2,5% anual.
Por supuesto, los ideólogos del engendro “redistribuidor de empleos” se guardaron muy mucho de mostrar cómo habían evolucionado los costes laborales para las empresas, y si éstos habían superado los aumentos de productividad. Tampoco hablaron para nada del incremento de los costes financieros asociados, primero a la inflación, y luego a la competición que el estado socialista había establecido con las empresas para captar ahorro y financiar sus déficit presupuestarios. Y, por supuesto, nada dijeron de la quiebra final de la peseta y la huida masiva de inversores espantados con las políticas keynesianas de multiplicación del endeudamiento público practicadas por Borrell y Solchaga. Ya se sabe que en aquella época la inteligentsia repetía que la política económica del gobierno socialista era la “única posible”.
Diez años después, todo aquello se desdibuja. Eso sí, ni a Tamames ni a los sindicatos se les ha pasado por la cabeza reconocer que estaban completamente equivocados. Mucho menos el pedir excusas. En lugar de ello, emplazan huelgas generales contra la política económica “neoliberal” del Gobierno. Convocan manifestaciones “por el empleo” de cara a la galería, y sin embargo se les ve muy disgustados cada vez que salen buenos datos de reducción del paro. Sabido es que poco les importa la realidad y mucho el poder y la propaganda. Cuando ellos no mandan, nadie es más exigente: hay excesiva temporalidad en los nuevos contratos, etc. Ahora bien, cuando uno de los suyos gobierna, todo se justifica. Hay que tragarse la bazofia y además está prohibido vomitar. Así, la Cuba de Castro, un Gulag de miseria y represión, es el modelo a seguir porque cada niño cubano tiene ni más ni menos que ¡un litro de leche a la semana!
Tiempo es ya de que el gobierno de Aznar deje atrás complejos y pasteleos y profundice como es debido en las reformas económicas pendientes: la supresión del impuesto de sucesiones, la eliminación de la negociación de los convenios colectivos a nivel nacional, auténticas rebajas en la imposición sobre la renta, etc. De poco sirve tratar de contentar a quien no quiere contentarse y sólo trata de imponer un modelo económico que es incompatible con cualquier creación de riqueza.
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