Que Montoro parece un agente del bolchevismo y que ha hecho entre la periclitada clase media más estragos que el mismísimo Zapatero es cosa que ya hemos dejado escrita. Como, también, que, además de mentiroso, es el ministro más nefasto de este gobierno, ¡con lo alto que está el listón! Claro que, pecando de ingenuos -cosa imperdonable en un contribuyente, y más aún si es añoso, como un servidor de ustedes-, nos hemos quedado cortos en el juicio. Amén de lo anterior, ha demostrado ser un chapucero irresponsable y desvergonzado.
Lo digo a propósito de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha declarado contrario al derecho comunitario el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), vulgarmente conocido como céntimo sanitario; y, también, por las nuevas medidas fiscales anunciadas por el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación.
Empezando por esto último, no he podido evitar que, aunque hablaba Mariano, mi mente representara a Pepe Isbert en Los ladrones somos gente honrada (lapsus freudiano, sin duda) diciendo aquello de: "¡Y ahora... la tortuga africana, cazada por un servidor de ustedes en las selvas del Orinoco, va a dar el triple salto mortal!... ¡Pero antes de que la tortuga dé su triple salto mortal, voy a liquidar el negocio…!". Porque eso evocan las rimbombantes y vacuas medidas anunciadas: camelo, ocurrencia zapaterista, falta de rigor, improvisación, secarral intelectual, agotamiento, fin de existencias… liquidación de negocio. Si eso es todo lo que tiene que ofrecernos el Gobierno para lo que queda de legislatura -o, al menos, para su tercer año-, vamos listos; consumatum est, que nadie espere ya un milagro redentor.
Ahora bien, peor, incomparablemente peor, es lo otro, lo del céntimo. Que no es un céntimo sino 13.000 millones de euros; o sea, más de dos billones de pesetas, creo. Hay que recordar que Montoro es el padre del impuesto, que lo estableció en el año 2001.
Creo que esta gran estafa -Óscar de honor en la categoría de fraudes- sólo es comparable a la perpetrada por la Junta de Andalucía en el Decreto-Ley 2/2013, en virtud del cual convalidaron 350.000 liquidaciones tributarias viciadas de nulidad, lo que motivó que hasta el mismísimo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía llevara el asunto al Tribunal Constitucional.
Esto es superlativo, estamos ante una exacción ilegal de la que han sido víctimas más de 40 millones de personas. Pues no debe olvidarse que el impuesto ilegal lo han pagado no sólo los que repostaron gasolina sino, también, mediatamente, todos aquellos que usaron un transporte público o adquirieron un producto que fue transportado desde su lugar de producción al de venta. O sea, todos.
Parece ser que la Comisión Europea advirtió a España, siendo ministro Montoro, de la posible ilegalidad del impuesto; en vano. Consecuentemente, el TJUE ha apreciado mala fe en la actuación del Gobierno español. Así pues, no exageramos un ápice si afirmamos que Montoro, el Vampiro de Cambil, dolosamente o por negligencia inexcusable, ha propiciado la estafa más extensa que consta en los anales del crimen.
Nunca uno estafó tanto a tantos durante tanto tiempo… y se quedó tan tranquilo. Claro que los que lo sucedieron, tan defensores del común y tan prestos siempre a derogar todo lo que el PP aprueba, mantuvieron el fraude durante los ocho años que gobernaron después. A la postre, nadie responderá de la estafa, ni los unos ni los otros.
Así es la sagrada ley de la casta. ¡País!