El libro de Lorena Alcázar, José Roberto López-Calix y Eric Wachtenheim, Las pérdidas en el camino, que acaba de publicar el Instituto Apoyo, constituye una grave denuncia que no debe pasarse por alto. El libro presenta los resultados de un acucioso estudio sobre el manejo de los fondos públicos destinados al programa del vaso de leche y a los colegios estatales, encontrando amplias evidencias de enormes despilfarros y malversaciones de fondos.
En el caso del vaso de leche, el estudio indica que sólo 29% de los recursos de este programa llega a los niños pobres; 71% del dinero se queda “en el camino”. Ahora bien, los recursos que el estado asigna anualmente a este programa ascienden a unos 100 millones de dólares. Por tanto, las corruptelas del programa suman anualmente 70 millones de dólares —cifra similar a la que, hasta ahora, se le habría encontrado a Vladimiro Montesinos.
En el caso de los colegios estatales, el estudio señala que 50% de ellos tienen más trabajadores en planilla que trabajando efectivamente. En los colegios del gobierno peruano, el exceso promedio de personal es de 33%. Adicionalmente, 20% de las USEs (Unidades Ejecutoras del Sector Educación) registran como gasto el pago de agua y luz, aunque no los pagan realmente. El estado peruano destina a la educación pública el 20% de su presupuesto, así que las pérdidas por este concepto son también millonarias.
Esta investigación debe llevarnos a repensar la naturaleza de los programas sociales. En el caso del vaso de leche, la raíz del problema radica en que, aunque es administrado por las municipalidades, es financiado con transferencias del gobierno central. Las municipalidades no administran cuidadosamente estos recursos porque sencillamente no los sienten como suyos. En el caso de los colegios del gobierno, ocurre lo mismo: el financiamiento se da a través de transferencias del gobierno central a las USEs.
La moraleja es obvia: los programas sociales no deben ser financiados con transferencias del gobierno central sino con recursos propios de las regiones o municipalidades. Sólo de esa manera podrá haber control de los fondos públicos destinados a tales programas y evitar así los despilfarros y las corruptelas millonarias que denuncia el estudio del Instituto Apoyo. El Perú no puede darse el lujo de continuar desangrándose de esta manera.
Para que las regiones y municipalidades puedan financiar los programas sociales deben retener un porcentaje de los ingresos fiscales que se generan en ellas. El canon minero que corresponde a las regiones, por ejemplo, debe ser calculado, como lo establece la Constitución, no sólo sobre el impuesto a la renta sino sobre el total de ingresos fiscales. Incluso reitero mi propuesta que el IGV sea 14%: 7% para las regiones y 7% para el gobierno central.
Debemos tener claro que el gobierno central no está hecho para financiar programas sociales. Por su propia naturaleza elefantiásica, debe limitarse a cuidar la seguridad interna y externa, y a financiar la administración de justicia. Más allá de estas funciones, todo lo demás, debe corresponder a los gobiernos subnacionales. El Perú nunca podrá alcanzar el desarrollo mientras tenga programas sociales que generen todos los años un Vladimiro Montesinos.
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José Luis Sardón, director Ejecutivo de la Sociedad de Economía, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas