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Despachos colonos

El desafío al Estado ha cobrado renovado brío esta misma semana con la despedida de Forcadell en su tránsito sacrificial al juzgado.

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Carme Forcadell | Europa Press

En las últimas dos semanas hemos visto cómo el máximo representante de la vieja trova catalana anunciaba represalias contra los funcionarios (en alusión, sobre todo, a jueces y policías) que no se avengan a infringir las leyes, postrera distinción entre catalanes afectos y desafectos por la que, contradiciendo a título póstumo a otro don Luis, De Galinsoga, sólo los últimos serían una mierda.

Unos días antes, el Govern, valiéndose de su comité de agitación popular, la ANC, había sembrado las calles de túmulos con forma de SÍ, en lo que suponía la enésima vulneración de la neutralidad institucional.

A fin de zanjar cualquier duda respecto a la inobservancia de dicho principio, Puigdemont anunció poco después en una reunión de ese mismo comité, la ANC, que habría pregunta y que habría referéndum. Restando, de paso, dignidad y atribuciones al Parlamento autónomico, que en el imaginario soberanista ha quedado reducido a un mero decorado en el que hacer ostentación del desprecio a España. Sin ir más lejos, prodigando toda clase de vítores al insigne trovador, en reconocimiento a su jovial homilía golpista.

Para lenguaje litúrgico, no obstante, el de Marta Ferrusola. Que la mayor parte de los periódicos consideren semejante puerilidad un "código secreto" o un "mensaje oculto en clave religiosa", una expresión, en fin, de sagacidad, no deja de ser un rescoldo de la pleitesía que le rindieron durante tantos años.

El desafío al Estado ha cobrado renovado brío esta misma semana con la despedida de Forcadell en su tránsito sacrificial al juzgado, que, conforme a la costumbre, fue acordonado por un séquito de provincias. (Es probable que no haya día en Cataluña en que no se cante Els Segadors, con las consiguientes réplicas televisivas).

A todo esto, la expresidenta de la ANC alega que su imputación equivale a criminalizar la palabra, sin entender que ningún violador podría hacer valer, en su defensa, que su procesamiento equivale a criminalizar el sexo.

Mientras escribo este artículo, leo que la Generalitat publica la licitación para comprar 8.000 urnas.

Ahora multipliquen estos días, apenas quince, por ocho años.

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