La peculiaridad de la crisis en España responde a varios factores, más allá del hecho de que en cada país la crisis se haya manifestado de un modo distinto, como es natural.
Está en primer lugar el modelo productivo que desde finales de los ochenta nadie ha hecho nada por cambiar y un mercado laboral en el que desde los mismos años campan a sus anchas los sindicatos de clase. En el resto del mundo se habían olvidado las crisis y hubo quien, a finales de los noventa, aseguró que ya no volverían porque la economía había superado los ciclos económicos. Aquí llegamos a la misma conclusión, pero con más intensidad. Ya no nos acordábamos que desde 1978 hasta 1999 España estuvo en crisis económica casi permanente. En otras palabras, que el modelo económico español, desde los años setenta, consiste en estar instalados en la crisis, una crisis estructural, con incapacidad para crecer lo suficiente y tasas de paro siempre superiores al 15 por ciento. Hemos vuelto a nuestra situación de siempre, nuestra situación natural. La crisis, en este caso, es una forma de restauración, de reconciliación con nosotros mismos.
La crisis económica va acompañada en todo el mundo de otra crisis, que hemos dado en denominar crisis moral o de valores. España comparte esta crisis con el resto de Occidente, en particular con sus vecinos europeos. Pero también aquí presenta caracteres propios. En todas partes el poder público se ha convertido en el portavoz de los valores contraculturales y antioccidentales que cuajaron en los años setenta. Lo que una vez quiso ser subversivo ha pasado a ser el discurso oficial, el discurso del poder. Pero también aquí, en España, lo ha hecho en un grado superior, tal vez por falta de experiencia o porque se confundió la libertad democrática con la ausencia de reglas, como si la monarquía parlamentaria o la democracia liberal fueran una película de Almodóvar o de Esteso, que al fin y al cabo vienen a ser lo mismo. El Estado, es decir, los sucesivos gobiernos y los aparatos administrativos, además de las elites, se han esforzado en dinamitar todo lo que tuviera el más remoto parecido con los valores llamados tradicionales. Lo siguen haciendo, como se comprueba en la propaganda oficial, en los libros de textos, en la legislación, en las normas, en la producción llamada –porque algún nombre ha de tener– cultural. Hasta hace muy poco tiempo ha habido consenso sobre lo detestable que resulta parecer conservador en este campo. Sólo logró romperlo, y únicamente en parte, el movimiento cívico de entre 2005 y 2008.
Este acusado brote de vanguardismo y experimentación moral –de infantilismo, propiamente dicho– que llevamos sufriendo en nuestras autoridades públicas desde hace treinta años tenía que tener una traducción política e institucional. Los resultados de este largo proceso de erosión se perciben ahora con claridad. No se hizo caso a quienes lo denunciaron en su tiempo. Ahora ese proceso de erosión está terminado y hemos entrado en la fase siguiente. Crisis, en este caso, significa que las instituciones en las que los españoles creían que vivían no son respetadas, ni cumplen su función. Estamos en una etapa post casi todo y habrá que acentuar el ingenio para ver cómo salimos de esta.