La democracia es un sistema político en el que la corrupción juega un papel central. Reconoce su papel en la vida del ser humano y en vez de aspirar a desarraigarla de la sociedad, ofrece a la gente, al electorado, un modo de paliarla, que no otra cosa es la alternancia. Al menos el plazo para corromperse es limitado, como lo es el plazo para corromper a la sociedad. Por otro lado, la democracia, como sabían de siempre los clásicos, ofrece muchos flancos a la corrupción, muchos más –y esto no lo imaginaban los clásicos– con el gigantismo de los gobiernos modernos, que se apropian y gestionan un 40 por ciento de la producción de un país.
Por eso la corrupción en España, siendo muy grave en muchos casos, no ha puesto todavía en peligro el sistema democrático. En realidad, la corrupción en España no debe de ser mayor que la corrupción en Italia, en Francia, en Estados Unidos o en Japón, y si se encontrara la manera de reformar la financiación municipal, tal vez fuera menor.
Otra cosa es llegar al punto, que probablemente estemos alcanzando, en el que la corrupción no se enfrenta ya a ningún control. Hay un momento, concebible en democracia, en el que la corrupción alcanza tal punto, y tan estratégico, que hace muy difícil la aparición de una alternativa política que se ofrezca a reducir la corrupción. Quien levante esa bandera puede ser atractivo para una parte pequeña del electorado, preocupada por el bien general o excluida del reparto, pero el común de los votantes recibe demasiados beneficios del gobierno democrático como para respaldar a quien parece un outsider, un peligroso iconoclasta al que conviene mantener marginado.
Los modelos que se han ensayado en España para esta peculiar forma de democracia son variados. Van del partido único en Andalucía, Castilla La Mancha y hasta hace poco tiempo en el País Vasco, al nacionalismo transversal del oasis catalán. Después de las pasadas elecciones, el PP nacional debió de llegar a la conclusión de que esta situación era irreversible. Así que desde entonces anda ensayando la postura que le permitirá acoplarse al nuevo estado de cosas. Esa sería una de las razones de fondo de la paciencia casi infinita de Rajoy, que espera que las piezas vayan encajando por sí solas mientras hace de su debilidad virtud y va neutralizando las que puedan impedir el proceso.
El problema que se plantea a partir de aquí no es que la aversión hacia los políticos. El problema es que se acabe cualquier interés por el bien público, al considerarse esto una causa perdida, sin interés alguno para nadie. Los únicos que se movilicen lo harán para defender las prebendas que reciben. La democracia queda convertida así en un sistema casi perfecto de reverencia del poder. De ahí la importancia de las movilizaciones ajenas a los partidos políticos, como la realizada en contra del aborto.
Muchas veces se oye decir que nunca había habido en España una clase política de más baja calidad. Puede ser. Lo que es seguro es que está exactamente a la altura de las circunstancias y de la seriedad del proyecto que se trae entre manos.