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Ley de Memoria Histórica

Historia y violencia

Corre por ahí, persistente, la leyenda urbana de que la guinda, o el objetivo estrella de la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero no era otro que desmantelar la Cruz del Valle de los Caídos. La leyenda urbana sigue diciendo que cuando le hicieron comprender, de la forma más suave que encontraron, que aquello era de todo punto imposible, Rodríguez Zapatero expresó su contrariedad con notable energía.

Leyendas urbanas aparte, hay algún aspecto de la ley de Rodríguez Zapatero que conviene resaltar.

El primero es que parece hecha a la medida del lobby de historiadores académicos, marxistas o progresistas, que han escrito –inventado sería un término más adecuado– la historia oficial de la España del siglo XX en los últimos cuarenta años. En contra de lo que la ley postula, las auténticas víctimas del silencio y de la censura oficial en estos largos años han sido los que padecieron la represión republicana, tanto por ser trotskistas o anarquistas como por ser de derechas o católicos o incluso, simplemente, por mostrarse partidarios de una solución negociada al conflicto.

Las cosas han cambiado en los últimos tiempos. Ahora, por fin, los historiadores que han dedicado buena parte de su trabajo a rescatar esta tragedia publican estudios de éxito masivo. La ley de Rodríguez Zapatero parece diseñada para proteger una historiografía oficial en retirada, frecuentada sobre todo por el público cautivo de los alumnos universitarios. Es como una ley proteccionista que insufla vida artificial a una actividad en trance de desaparecer por una competencia más eficaz. Tras el derrumbamiento del Muro de Berlín, la partida ideológica se juega en buena medida en la Historia. Rodríguez Zapatero intenta levantarlo otra vez y acotar de nuevo su versión –la única– de la historia.

No está de más subrayar otro aspecto. Gabriel Albiac ha apuntado que al incluir entre los represaliados del franquismo a quienes sufrieron represión entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, la ley permite a los terroristas, en particular a los terroristas nacionalistas, acceder a las reparaciones aprobadas. El asunto es aún más grave que su significado evidente, porque corrobora una de las consecuencias inevitables de esta ley. Y es que al reivindicar en exclusiva las víctimas de un bando (con excepción de las de la persecución religiosa), el texto legal legitima a posteriori la violencia ejercida por el otro. A partir de ahora, en la guerra civil habrá habido una violencia tolerable y otra que no lo es.

Todo esto había desaparecido con la Transición. Nos devuelve a los peores tiempos de la represión en el bando republicano y en el bando franquista. En el clima de radicalización y de banalización de la violencia que vive hoy nuestro país, esta ley resulta una pieza más del desmantelamiento, inevitablemente violento, de la democracia constitucional española fundada en la Constitución del 78.