En Estados Unidos el Tribunal Supremo, más o menos equivalente al Constitucional español, está compuesto por nueve jueces. Los nombra –de por vida– el presidente, con la necesaria aprobación del Senado. Nadie duda que sea un tribunal político. De hecho, las sentencias son discutidas con ferocidad. Antes y después de ser promulgadas. Para argumentar un caso, cualquiera puede enviar al Tribunal un amicus curiae, es decir un informe en el que expone su opinión razonada. Ha habido años en que individuos y organizaciones han remitido más de tres mil de estos informes. La famosa sentencia que legalizó el aborto en 1973 sigue siendo objeto de un debate a veces brutal, sin tregua. Eso sí, a nadie se le ocurre en Estados Unidos amenazar con no cumplir una sentencia del Tribunal Supremo. Sería tanto como un suicidio cívico y político. El prestigio del Tribunal es tal, por otra parte, que resulta inconcebible que un juez dimita como no sea por razones de salud o de edad.
En España, el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional está pensado para evitar el sesgo político. Son doce, y de ellos cuatro los nombra el Congreso, cuatro el Senado, dos el Poder Judicial y dos el Gobierno. Excepto en este último caso, se necesitan mayorías de tres quintos para el nombramiento. La duración en el cargo es de nueve años. El farragoso sistema no ha evitado, como era previsible, la politización del Tribunal.
Pero tampoco ha evitado su descrédito. La puntilla se la está dando, en estos mismos momentos, el propio Tribunal. Hay quien dice que muchos expertos, en principio neutrales, afirman que no había motivo para la recusación de Pérez Tremps. Lo hacen, por lo visto, en privado. Yo no he leído todavía un argumento consistente que respalde esta tesis. La verdad, me gustaría conocerlo.
En cualquier caso, y en vista de su historial, no habría estado de más que Pérez Tremps se hubiera ofrecido a abstenerse en la discusión del Estatuto de Cataluña. Que Fernández de la Vega ande ya justificando su sustitución por otro magistrado nombrado por el Gobierno, como el propio Pérez Tremps, señala bien a las claras la idea que este Gobierno tiene del Tribunal Constitucional: un instrumento a su servicio. Si Pérez Tremps dimite, sabremos que al menos uno de los jueces piensa lo mismo. Y si los demás no dimiten inmediatamente ante una maniobra tan burda, sabremos que la consideran aceptable. La crisis definitiva, por tanto, puede estar a punto de abrirse.
La opinión que el Gobierno tiene del Tribunal Constitucional es compartida por Carod Rovira, Montilla y la diputada del PSC. Según la misma, una sentencia que rectifique el Estatuto supondría la caída del Gobierno. En todos estos casos, está claro quién está utilizando el Tribunal, y para qué: los aliados del Gobierno socialista, el gobierno de la Generalidad y ese partido independiente, y a punto de declararse independentista, que es el PSC. Todos contra el "Gobierno de Madrid".
Ningún procedimiento de elección, por complicado que sea, podrá nunca sustituir la voluntad de respetar las instituciones. Ya sé lo que estarán pensando: ¿pero de qué instituciones está hablando este hombre? Pues eso.
