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La ley mordaza

Si alguien se hacía alguna ilusión de que Zapatero y Montilla se iban a contentar con imponer su ley mordaza en Cataluña, se habrán llevado un chasco con la filtración publicada en El País sobre el consejo audiovisual estatal –es decir, nacional-socialista, ahora ya literalmente– que nos espera. No tenían por qué.

En primer lugar, en España la izquierda ha ejercido una censura implacable desde 1980. En los medios periodísticos, está por ejemplo el cierre de los años de libertad de Antena 3, la arbitrariedad en la concesión de emisoras de radio y los faraónicos medios de comunicación públicos (que cualquier gobierno que tuviera un mínimo de decencia debería cerrar de inmediato) puestos al servicio de la más burda ideología izquierdista, incluido el antisemitismo y el neocomunismo. Lo mismo ha ocurrido en los medios académicos, donde se han truncado carreras y arrasado trayectorias personales porque no se plegaban al pensamiento único de la izquierda. La izquierda en España no ha discutido ni debatido jamás. No tiene argumentos, pero sí poder. Con eso le ha bastado hasta hace bien poco para cerrar la boca a quien disentía. Lo ha hecho siempre, incluidos los ocho años de gobierno del Partido Popular, que en este asunto se especializó en mirar para otro lado.

La censura ha sido particularmente brutal en las regiones gobernadas por los nacionalistas, con o sin el apoyo del PSOE o del PP. Se explica por la urgencia del proyecto de construcción nacional. Cuando hace falta inventarse una nación, que es lo que ha ocurrido en Cataluña y en el País Vasco, lo mejor es crearse un enemigo. Y eso requiere la censura, que no es sólo un instrumento para callar al disidente. Es el mecanismo que permite crear la comunidad nacional mediante la denuncia, la condena al silencio, la expulsión o el crimen, crimen colectivo asumido por el conjunto de quienes están dando a luz a la “nación”, como ocurre en el País Vasco. Así se han creado las llamadas “naciones” catalana y vascas. El Consejo Audiovisual de Cataluña (acertadamente llamado Consejo anti COPE, porque la COPE es el único medio libre que queda allí) es la traducción legal de este estado de cosas.

Por último, la filtración a El País confirma lo que ya estaba bastante claro. Y es que el Estatuto catalán no es una simple constitución para esa supuesta nueva nación llamada Cataluña. Es también el germen del modelo constitucional que nos quiere imponer Zapatero a todos los españoles. En otras palabras, el Estatut lo es de Zapatero por partida doble: porque sin Zapatero no estaría en el Congreso español, y porque refleja el proyecto de Zapatero para lo que no sé ya si llamar su país. El CAC y el consejo audiovisual estatal son los instrumentos necesarios para convertir un Estado descentralizado en un reino de taifas donde las autoridades locales se encargarán de comprar y liquidar al disidente, y lo que queda del poder central garantizará que nadie se moverá nunca, jamás. Había demasiadas cosas que habían empezado a moverse en España y eso ni Montilla ni Zapatero están dispuestos a permitirlo.