Gabriela Mistral, quizá la más notable de las profesoras chilenas y sin duda la más visionaria, escribió: "Me parece una calamidad el Estado docente, especie de trust para la manufactura unánime de las conciencias. Algún día los gobiernos no habrán sino de dar recursos a las instituciones y los particulares que prueben su eficacia en la educación... También pesó sobre mí el Estado docente, centurión que fabrica programas y que apenas deja sitio para poner sabor de alma".
Propongo esta otra reforma educacional, porque la llave de la creación de riqueza en el siglo XXI será el cultivo de la inteligencia y el conocimiento humano:
- Establecer la más amplia libertad para proveer educación básica, media, técnica y superior, y la libertad de programas de estudios, eliminando toda intervención del Gobierno en este campo.
- Transformar el Ministerio en una Superintendencia de Educación con profesionales de primer nivel, escogidos sin discriminación alguna, que evite todo fraude o uso malicioso de los subsidios estatales, y subcontrate en el sector privado el diseño y realización de diversas pruebas de calidad educacional.
- Licitar de manera transparente las actuales escuelas municipales, incentivando a los propios profesores a participar, y otorgar subsidios para la capacitación de directores y profesores.
- Entregar a principios de cada año un "cheque escolar" a cada familia chilena por cada hijo e hija en edad escolar para que pueda pagar, total o parcialmente, la escuela que libre, informada y responsablemente elija para ellos.
- Derogar el Estatuto Docente y establecer que los profesores se rijan por las mismas leyes laborales del resto de los chilenos.
- Utilizar el actual presupuesto de educación, como también una fracción relevante de los 20.000 millones de dólares que ha acumulado el Estado chileno, para financiar un monto de ese "cheque" coherente con el nivel que ha alcanzado la economía nacional, y solventar los gastos que pueda requerir la "economía política" de la transición, entre ellos capacitar en el exterior a miles de profesores cada año.
Estos principios, que son similares a los del exitoso sistema de AFP, conducirían a una competencia virtuosa por elevar la calidad educativa y capturar a las familias-clientes. El valor de la chequera escolar, basado en la rentabilidad social bien medida de la educación, sería un barómetro de la importancia que la sociedad le asigna a la calidad de la educación, y un elemento determinante para alcanzar el nivel de capital humano y desarrollo de países como Australia o España.
Esta reforma produciría una verdadera revolución del sector educativo, como la que ha tenido lugar en los últimos 30 años, con resultados espectaculares, en todos los sectores liberalizados del país. La flexibilidad inherente de la empresa privada permitiría incorporar, sin demora, los fabulosos avances tecnológicos que están ocurriendo en el mundo y ponerlos al servicio de elevar la calidad de la educación de los niños y jóvenes chilenos.
Las discusiones sobre remuneración se darían en el interior de cada escuela entre los profesores y los dueños; se hablaría de productividad, capacidades individuales bien evaluadas y resultados docentes. Los mejores profesores ganarían más que los demás y eso sería un incentivo poderoso para mejorar la calidad de las clases y el perfeccionamiento docente. No habría huelgas nacionales que dañan a los más pobres. Los educadores tratarían de retener a los mejores profesores, pagándoles sueldos que reflejen su verdadera aportación y tratándolos con dignidad.
Las escuelas invertirían en tecnología y banda ancha para tener acceso a bibliotecas virtuales y técnicas educativas modernas. Los padres se darían cuenta. Algunas escuelas se expandirían para atender al incremento de alumnos, otras cerrarían. Habría una competencia entre investigadores y expertos por desarrollar diversas pruebas que midan lo mejor posible la calidad educativa de cada escuela. Todos los resultados estarían en Internet, por escuela, por barrio, por comuna. Se crearían empresas privadas clasificadoras de escuelas, como las que evalúan hoy el riesgo financiero. Con la ley antimonopolios mejorada y vigilante, y plena transparencia financiera y de instalaciones de cada escuela.
Sería un nuevo mundo educativo. Del paradigma del Estado Docente del siglo XX al paradigma de la Sociedad Docente coherente con el siglo XXI. Y que necesita, merece y puede lograr el nuevo Chile.
Mil voces me dirán que es imposible, que es un sueño. Primero, soy testigo de que ha habido otros sueños que se han hecho realidad en este maravilloso país. Segundo, como escribiera el poeta Carl Sandburg: "Nada sucede si no es primero un sueño".