Sería la mejor noticia del verano y, quizá, la mejor de la legislatura o, si me apuran de todo el período transcurrido desde las elecciones del 2004 hasta el momento presente. Por ello me cuesta aceptar que, quien siempre se ha encontrado a sí mismo revestido de esa gracia de Estado que le otorga infalibilidad permanente, llegue a considerar que se ha equivocado, o que no estando equivocado no ha conseguido arbitrar la solución esperada o la que el pueblo requería. ¡Cuidado! Hablamos del pueblo que sufre, del trabajador que pasa por el trance del desempleo hasta el punto de haber agotado la prestación contributiva y el subsidio, ambos por su condición de parado.
Mis dudas se ven afianzadas cuando ya está el señor presidente del Gobierno echando un cuarto a espadas a los sindicatos para buscar la reforma más adecuada a lo que apenas ha entrado en vigor, como tratando de compartir la responsabilidad del Real Decreto-ley 10/2009 de 13 de agosto por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 15 de agosto pasado, en las páginas 70195 a 70201). Los sindicatos, a lo mejor, aceptan esa implicación, pues, no poco le deben al presidente del Ejecutivo. Ello, pese a reconocerse en el Decreto la falta de acuerdo en el marco del Diálogo Social, por lo que el Gobierno asume la responsabilidad, que es por lo que le pagamos, de llevar a término los objetivos del recién nacido texto legal. Bien es verdad que con esa larga cambiada, el señor presidente obvia cualquier consideración a cuáles eran los motivos del desacuerdo, si éstos afectaban a esta materia y, de ser así, si lo eran por más o por menos exigencias y aspiraciones.
Pero dejando todo esto a un lado, dispuesto a administrar bondad suma en un mes de agosto, que propicio es para ello, y para el caso de que el presidente esté dispuesto a rectificar, me pregunto, ¿rectificar cómo y en qué? Porque lo que estaba claro desde el primer momento es que los prometidos esfuerzos en informar mejor, del señor Blanco, no pasaban de ser palabrería vana, tan frecuente en las manifestaciones del ministro. No se puede atribuir a torpeza en el texto, que exige explicaciones complejas para subsanar las deficiencias de su articulado. Por el contrario, el texto del Decreto es un ejemplo de maraña jurídica, instrumentada para hacer difícil lo que, con sencillez y simplicidad, apenas habría necesitado más de una línea.
Imagínense lo fácil que habría sido definir, en su artículo 2 la condición de beneficiario, como la del parado que haya agotado la percepción de la prestación o del subsidio de desempleo después del primero de agosto de 2009. Esto lo entiende todo el mundo, sin esfuerzo alguno, aunque no es menos cierto que, precisamente por eso, es incompatible con hacer una presentación, como se ha hecho, y como figura en la Exposición de Motivos del propio Decreto, según la cual, "A través de este Programa se amplia la protección por desempleo a los trabajadores que han agotado las prestaciones y subsidios previos y se encuentran en situación de necesidad por carecer de otras rentas". Pues no, el Decreto opta por referirse a "los que hubieran agotado las prestaciones o subsidios dentro del período de duración del programa", que ya sabemos que son seis meses, empezando a contar el 14 de agosto pasado que es la fecha de entrada en vigor de la disposición. Es por esto, por lo que el texto precisa de una disposición transitoria para incluir, como beneficiarios, a los que hubieran agotado aquellas percepciones, entre el uno y el 13 de agosto. Y todo por el interés de confundir.
Junto al concepto de beneficiario, la norma establece otros requisitos, algunos incomprensibles, como el del límite máximo de 65 años, por el cual, los que por razones diversas deben de seguir cotizando para alcanzar el derecho a la pensión máxima de jubilación, y han quedado en paro y agotado la prestación o subsidio, se ven privados, también, de esta protección temporal por desempleo. Siendo así que esta cobertura económica es incompatible con cualquier otra prestación o ayuda pública, no entendemos el porqué de la exclusión.
Más nos inquieta el compromiso ineludible de "participar en un itinerario activo de inserción laboral". Nos parece una arrogancia inaceptable que el Gobierno se considere capaz de proporcionar lo que el mercado no proporciona, más aún cuando las actividades formativas para estas personas que buscan empleo gozan de una falta de credibilidad, hasta el punto de que nadie, en su sano juicio, sería capaz de confiar en tales itinerarios. Lo que sí es posible, y no quiero dudar de las buenas intenciones de algunos, es que participando en el itinerario activo de inserción laboral, el parado, que hasta ese momento ha contado en las estadísticas del Paro Registrado como tal desempleado, pase a denominarse algo así como "buscador de empleo en proceso de formación" excluyéndosele de tales estadísticas, con lo que las cifras de paro disminuirían en el número de los itinerantes. ¿Se acuerdan ustedes de aquella operación de maquillaje estadístico, o si prefieren de manipulación de los datos que nos llevó a no confiar en los datos del paro registrado?
Por eso, cuando me preguntaba cómo o en qué rectificar, si es que el presidente quiere hacerlo, sólo se me ocurre una rectificación adecuada: se trataría de rectificar para pasar de producir el engaño a ofrecer la claridad; pasar de diferenciar entre españoles que sufren necesidad a considerar la necesidad como elemento diferenciador para unos españoles que, sufriéndola, todos deben ser tratados con igualdad. Si la rectificación es seguir capitalizando las carencias de quienes las padecen, mediante engaños y equívocos, para intereses de imagen política, hay que buscar una sociedad menos madura que la española para que lo acepte y se lo crea.
Además, aprovechar el estado de necesidad de un sector de la población para sembrar en él, de manera torticera, la esperanza en la solución a sus problemas de supervivencia, es muestra de extrema villanía y de ausencia de referentes morales, que deben estar presentes tanto en la actividad privada como en la pública. Me gustaría pensar que vivo en otro país, pues lo que veo en el que vivo preferiría que no fuera cierto.