El ejercicio del voto se ha configurado desde perfiles bien diferentes: para unos se trata de un derecho de los ciudadanos para decidir en cuestiones de gobierno, bien mediante la elección de aquellos a quienes se les confía la acción de gobernar o decidiendo sobre qué hacer en los casos de democracia directa. Para otros el ejercicio del voto es una obligación ciudadana o, si se quiere, un deber cívico, del que devendría la responsabilidad de todo ciudadano a comprometerse con la cosa pública en bien de la comunidad en su conjunto.
Sea un simple derecho, y como tal renunciable por su titular, o un derecho que comporta implícito un deber, en cuyo caso la renuncia no se haría sin detrimento del bien que se pretende proteger, la verdad es que la humanidad ha luchado por el reconocimiento del derecho al voto, y mucho ha costado su universalidad.
Lo que nunca podrá ser el voto es el refugio de la insensatez, de la ilegalidad o de la negación de derechos, cuyo ordenamiento regula la vida y las relaciones entre las personas y de éstas con los bienes en una sociedad. De ello se deduce que no todo es susceptible de ser votado, y que el voto no cambia la legitimidad de una acción.
Los mayores crímenes de la humanidad se han cometido avalados por el voto. El exterminio de los judíos –más de seis millones fueron cruelmente asesinados– fue aprobado, y en él colaboraron la totalidad de las instancias del régimen nazi alemán.
El régimen comunista de Pol Pot cuenta en su haber con el genocidio camboyano, aprobado por el gobierno de la llamada con eufemismo Kampuchea Democrática, en el que fueron masacradas más de dos millones de personas, de una población de siete. Y como estos otros tantos, avalados por el voto de quienes podían ejercerlo.
Así, el derecho a la vida de cualquier persona no puede ser objeto de voto, como tampoco el derecho al honor, a la integridad personal, el derecho a la propiedad, etc. En este momento, enfrascados en cómo liberarse de la deuda contraída, se apela al voto ciudadano como refugio de una decisión que negaría el derecho del acreedor a ser resarcido del préstamo y la obligación del deudor de pagar lo debido.
Una sociedad en la que el deudor no está obligado a pagar y el acreedor no tiene derecho a cobrar, en la que el estudiante puede eludir la clase, porque así se ha decidido democráticamente, en la que el trabajador puede decidir una huelga ausente de regulación, con los perjuicios que acarrea, en la que la Ley Hipotecaria resulta ineficaz… es una sociedad ausente de valores democráticos, orientada al caos político, económico y social.
El ejercicio del voto no puede ser el refugio de las veleidades de los que mandan; no puede dar cobertura a la irresponsabilidad. El orden jurídico está y debe estar por encima de todo ello.