Uno de los sectores que más atractivo intervencionista suscita a políticos, sindicatos, familias y profesionales es el sector educativo. Es verdad que la educación es un bien de gran calado social, pues no sólo beneficia a quien se educa, sino a través de él a la sociedad en toda su extensión. La diferencia, en cuanto a potencialidades, entre una sociedad educada y con estudios de grado elevado y una comunidad ignorante, falta incluso de modos para la convivencia, es abismal.
Está por ello justificado el interés de padres, docentes, administraciones públicas y entidades privadas, sin omitir en ocasiones a los alumnos, por el devenir de esta importante actividad, que conformará una sociedad rica en valores, en principios y en competencias profesionales, o contrariamente una sociedad necia y estéril.
Pero ¿significa esto que todos están por igual autorizados a opinar en el qué hacer y en el cómo hacer? ¿No hay en ello el mínimo rasgo de profesionalidad que distinga opiniones y sugerencias? No siendo menos importante el sector sanitario, ¿estaría dispuesto el enfermo a someterse por igual a las opiniones que junto a los facultativos aportasen los partidos políticos, los poderes públicos o las fuerzas sindicales?
¿Por qué no, pues, exigir del zapatero que haga buenos zapatos sin interferir en el modo para conseguirlo? ¿Por qué no exigir del médico una buena asistencia y del docente una buena educación? Tengo que ser muy sincero pero habiendo vivido largos años en el mundo de la educación – en mi caso de la universitaria– me suelo poner muy nervioso cuando se plantean reformas educativas y, más todavía, cuando se alumbran libros blancos o verdes –no importa el color– como si vinieran a contraponerse a la negritud precedente. Normalmente no fue tan negro lo anterior ni tan blanco lo actual.
El Libro Blanco del profesor Marina ha puesto sobre el tapete el problema de la calidad de los docentes, de su evaluación y del reconocimiento, también económico, de los buenos frente a los malos; lo que ha provocado la reacción airada de estos últimos, apoyada por las fuerzas sindicales al uso. En esta materia, yo voy más lejos: la primera distinción entre buenos y malos tiene que ser para prescindir de los malos. Un profesor malo causa más daño que la ausencia de profesor, pues la ausencia se detecta, mientras que el malo se encubre.
He conocido no pocos profesores universitarios, considerados buenos –méritos investigadores–, que a su función docente la califican "carga docente". El calificativo es expresivo de lo que puede esperarse como resultado. El problema va más lejos: ¿dónde está el empresario en el sector público educativo que se responsabilice de una buena evaluación y de la corrección del error en la misma? ¿Cómo se evaluó la calidad de maestros y catedráticos de instituto entre inicio de los cuarenta y mediados de los cincuenta? Pues hagamos lo mismo. ¿O qué entendemos por calidad? ¿No estaremos valorando lo que carece de valor?