Ha comenzado el juicio contra los responsables de Enron. Los medios nos han obsequiado con imágenes del señor Lay y su esposa a su entrada ante el Tribunal de Huston que juzgará el caso del fraude empresarial que llevó a la quiebra a la empresa. Los imputados se vieron, sin duda, cautivados por aquello que se dio en llamar maquillaje contable y que no era otra cosa que defraudar, a quienes habían puesto la confianza en los ejecutivos, alterando los asientos contables, para encubrir el estado real de la empresa ante sus accionistas, ante el mercado y ante cuantos pudieran tener interés en la marcha de la empresa.
Ya entonces no regateamos opiniones laudatorias al observar la firmeza y prontitud de las actuaciones societarias, judiciales y administrativas para valorar en hecho y para aplicar medidas que se verán culminadas con el resultado del juicio que acaba de comenzar y, salvo pruebas evidentes en contra de las previsiones, se esperan condenas que, por su eficacia, dejan estériles los códigos que pretenden dar a conocer lo que se considerarían buenas prácticas de conducta empresarial.
Como españoles atraídos por estos problemas, nos lamentábamos que, en nuestro querido país, un buen número de tales prácticas no se persiguen, en otras ocasiones se consideran exonerados a los autores porque indemnizaron económicamente a los perjudicados –como si toda la sociedad no fuera perjudicada en la comisión de un delito– y otros, en fin, son sentenciados pero no llegan a cumplir la pena impuesta, alegando circunstancias irreconciliables con la seguridad jurídica que requiere un estado de derecho.
Aún está la tinta tierna, cuando se anunciaba que una empresa española se había visto obligada a reducir activos de su balance por valor de, aproximadamente, 170 millones de euros, al haber sobrevalorado sus reservas de hidrocarburos en cuantía equivalente a aquella suma. Un valor que, para ser un error, es un error poco o nada disculpable pues, cuantitativamente, supone el 25 % de las reservas contabilizadas.
Junto a la desaparición de la partida del activo, y por puro principio contable, habrá tenido que desaparecer una cantidad equivalente en las reservas voluntarias del pasivo o, en caso de suficiencia, una reducción de los beneficios del ejercicio.
Hace algún tiempo, la empresa petrolífera Shell se vio envuelta en un asunto semejante al de la empresa española hoy, aunque los efectos de aquel caso fueron bien diferentes a los que podemos observar en la empresa española. Allá, el consejero delegado y algún ejecutivo más dimitieron inmediatamente y la justicia tomo el caso en sus manos. Parecía la actitud más lógica y honesta, con o sin códigos de buen gobierno empresarial, para que quienes habían alterado los estados contables alejándolos de la realidad presentaran sus dimisiones como tributo inicial en reparación del daño causado. Después, los Tribunales dirán.
En España las cosas son bien distintas. El señor Brufau, presidente de la empresa española, al tiempo que daba a conocer el quebranto en el balance y que veía desplomarse la cotización de las acciones con perjuicio evidente de miles de accionistas, miraba insistentemente hacia otra parte, como si la cosa no fuera con él y, en una maniobra de disuasión infantil, criticaba al presidente de Endesa afirmando que "obstruir el mercado no es la mejor táctica" en el discurrir de la OPA.
Su imputación, me lleva a dos consideraciones: una, la de que nunca se obstruye el mercado cuando se trata de darle más libertad para su mejor funcionamiento; otra, la de que alterar el balance alejándolo de la realidad que debe representar, nunca será mejor táctica que la actuar con firmeza y con transparencia.