Mucho se han afanado los politicastros que merodean por plazas, villas e instituciones del país, poniendo el grito en el cielo ante el anuncio del ministro de Hacienda, Don Cristóbal Montoro, de introducir nuevas figuras delictivas para los "servidores públicos" –lo de servidores, es un decir– que puedan conducirles a penas de prisión. Personajes que responden a diferentes especímenes, han reaccionado con necia dialéctica ante tal propósito. ¿Cuál es la razón? Ellos sabrán. ¿Quizá se sientan afectados? Quién sabe.
Los objetores han esgrimido razones peregrinas, más aún si consideramos las formaciones políticas en las que militan. Para uno (Izquierda Unida), con un brindis a la comicidad, cuando la cosa no es cómica ni él gracioso, la norma que se propone no es propia de un estado democrático, como si él rezumase savia democrática.
Otro (PSOE), desconectado de la realidad española, dirige una oda al principio de que todos estamos sometidos a las leyes y a la Justicia, y que ya existen leyes para ello. De ser cierto, concluiríamos que vivimos entre ángeles; personas entregadas al bien de los demás. ¿Creen que España tiene algo en común con ese paraíso? Que eso, además, lo diga quien preside un partido invadido por la corrupción, por el fraude, por la malversación, sin que se haya hecho efectiva una responsabilidad personal, no deja de tener comentario.
Con ese aire conciliador falsario de los nacionalistas, ha habido (PNV) quien ha considerado que la intención del Ministro es muy fuerte. Por ello es partidario de sustituir la propuesta penal por la convicción, la persuasión y el acuerdo. Es decir, contar con el consentimiento del delincuente.
Yo me pregunto, ¿por qué la referencia al comportamiento legal causa tanto pavor? Hubiera preferido que tales opiniones no se hubieran producido, pero, dado que lo han sido, preferiría pensar que carecen de interés o que son de escaso interés. Porque, lo que interesa es la opinión del pueblo, espectador boquiabierto de que, tras grandes desmanes públicos, aquí, no pasa nada.
Soy un ciudadano cualquiera, que no manejo recursos públicos y que sacrifico los míos privados para que otros los administren en beneficio de todos. Asumo la responsabilidad de que si algún acto propio es contrario a ley, sufriré el castigo correspondiente. Sólo aspiro a que los encargados de la cosa pública estén en mis mismas condiciones. Que se les castigue –también con prisión, si es el caso– por el perverso resultado de su gestión pública. Por una gestión desarrollada en interés privado y no público.
Por eso suplico al señor Ministro que su idea vea pronto la luz, para que la convicción, la persuasión y el acuerdo sean inmediatamente eficaces. La vida pública debe ser ejemplo de probidad y de pulcritud; sólo así se puede exigir lo mismo en la vida privada.
Y, por cierto, puestos al trabajo, hagan gala de su generosidad y eliminen el privilegio proteccionista del fuero. Así, todo será más sencillo y más justo.