Sin duda será casual esa sucesión de hechos que hacen suponer al observador la existencia de un virtuoso planificador que orquesta la coincidencia de acontecimientos objetivamente encaminados a potenciarse para un fin preestablecido.
Bien es verdad que la situación por la que atraviesa nuestra nación, desde hace ya casi dos lustros, en lo económico, en lo político y en lo social, es de tal dificultad que dosis añadidas de este ingrediente hacen temer las peores consecuencias.
Las razones para la alarma se han convertido en hechos cotidianos. Sus protagonistas han pasado de ser gentes marginales a políticos de la estructura del poder legislativo o con responsabilidades diversas en las esferas del poder ejecutivo, a diferentes niveles. Personas que viven con cargo a los presupuestos públicos, de un sistema contra el que dirigen sus soflamas y sus agresiones, con resultados todavía difíciles de valorar.
La historia es prolija en mostrar itinerarios permanentes de la izquierda radical (lo de radical comprendo que es una redundancia en el caso español) en contra del estado de derecho, con desprecio a la legalidad que rige una convivencia ordenada y que sólo en este caso posibilita el desarrollo económico, social y político de la nación.
Aquel esperpento de los indignados, que sólo algunos consideraban gentes de buena fe, llevados de la pretensión de dar a conocer las carencias de un sistema para buscar su solución, se han convertido hoy en alcaldes –que viven de su alcaldía pero que ocupan fincas y asaltan supermercados–, en consejeras –perdón por el uso del femenino, que no es genérico, pero es la que tengo en mente– de Gobiernos autonómicos, que viven, y muy bien, de sus consejerías, y, en el límite, en plataformas para la significación política de quienes, siendo de suyo insignificantes, por carecer de cualquier mérito, encuentran en el conflicto y en la coacción (en el escrache) la forma de abrirse paso en partidos para los que la ética, el compromiso y la responsabilidad son conceptos extravagantes.
Es más, según se dice, el propio Gobierno de la Junta Andalucía, jaleado por el PSOE, está dispuesto a escrachar por decreto –se ahorran la manifestación, porque para algo son señores– expropiando diferenciadamente aquellas propiedades que les venga en gana (de eso saben mucho, porque ya lo hicieron durante media década de los años treinta). Un discurso populachero de ricos y pobres que, con más gracia, resolvía el mismo Curro Jiménez; bien es verdad que con más esfuerzo.
Atender la necesidad de un desahuciado –cuidado con el término– con recursos propios es siempre un acto digno de alabanza; hacerlo coactivamente, usurpando medios ajenos, es un acto de absolutismo dictatorial y de despotismo social, del que la sociedad, la política y la economía de la nación se verán afectadas, quizá por muchos años.
Que nadie se extrañe de que, en ese escenario, el poco capital disponible huya a parajes de mayor normalidad democrática y mayor seguridad jurídica.