El acelerado camino hacia el despotismo emprendido por Zapatero, sus correligionarios y socios, ha vivido estos días un nuevo episodio. Dominados el poder legislativo y el ejecutivo por partidos de vocación totalitaria, las últimas trincheras de defensa del régimen constitucional son la libertad de prensa y la independencia del poder judicial.
Ya hace años que esta independencia viene siendo objeto de ataques: la habilitación de vías de acceso a la carrera judicial, al margen de las oposiciones (para juristas de "reconocido prestigio") se ha traducido, en demasiados casos, en la conversión en jueces de políticos, en el sentido de "hombres de partido". La legalización, contra la Constitución, de sindicatos de jueces, mediante el simple y cínico expediente de llamarles "asociaciones profesionales" (también los sindicatos son asociaciones profesionales) ha propiciado la constitución de asociaciones partidistas de jueces.
Finalmente, la generalizada ausencia de valores constitucionales y de mera honestidad democrática de nuestra clase política ha derivado en que, cuando se requiere la intervención directa de los legislativos (el nacional, de la indefinida nación, y los autonómicos) para la designación de algunos miembros de las más altas magistraturas, las mayorías reforzadas exigidas se traduzcan en un sistema de cuotas, por el que los partidos se reparten los puestos, cual sayones la capa de Cristo, manchando a los elegidos con el ya indeleble estigma de la etiqueta partidaria ("juez conservador", "juez progresista", etc.).
Cual personaje de tango, fané y descangallada ha quedado la justicia. Pero aún alienta, una percha en el escote, bajo la nuez. Y todavía esto es demasiado para el despotismo zapateril. Se ha propuesto acabar con ella y al efecto ha emprendido un ataque en toda regla contra el Tribunal Supremo. Hace poco tiempo hicieron comparecer en el Congreso de Diputados, al presidente del alto tribunal, al que cuatro oligarcas de partido chulearon con su depurado estilo de "demócratas de toda la vida". En vista del éxito, estos bárbaros han intentado reiterar el abuso, convocándole para que justifique ante ellos los criterios que ha aplicado el Tribunal para el cómputo de los beneficios de reducción de penas.
No ha comparecido esta vez don Francisco Hernando y, en mi opinión, tampoco debió hacerlo en la ocasión anterior. Naturalmente, le han llovido descalificaciones como antidemócrata, rendido o, incluso, vendido al Partido Popular, etc. Se las hubieran proporcionado igual, aunque en mayor cantidad, si hubiera comparecido. Pero no sólo se ha ahorrado algunos insultos y una situación desagradable. Ha evitado hacerse cómplice, siquiera involuntario, de la propaganda gubernamental, que no pierde ocasión de desnaturalizar los fundamentos del régimen constitucional.
Porque la cuestión no se reduce a deficiencias o carencias de nuestra presente situación política. Hay un verdadero propósito orwelliano en los agentes zapateriles. Para combatirlo, quizá no sea suficiente, pero es imprescindible una constante pedagogía de lo que significa el régimen constitucional. Resulta penoso ver como gentes presumiblemente independientes y respetuosas de la Constitución sucumben ante aquella propaganda, compartiendo de buena fe las calificaciones de los déspotas partitocráticos.
No se trata ya sólo de Montesquieu, cuyo enterramiento bajo siete llaves tanto celebran nuestros déspotas partitocráticos. Más allá de una particular filosofía o sistema de gobierno nos sitúa en la línea roja entre el despotismo y un régimen de libertad civil. Pues, dado que el objetivo del político es inducir la adhesión a sus posiciones, su discurso es puramente exhortativo, no está interesado en el establecimiento de la verdad, sino en la consecución del convencimiento. El objetivo del juez es definir la verdad; su discurso es inquisitivo, trata de obtener un juicio de verdad, dirimiendo (normalmente) entre contrarias y parciales argumentaciones. A la luz de esto, juzguen ustedes las declaraciones del fiscal general del Estado, invocando el "sagrado deber" que tendría el presidente del Tribunal Supremo de comparecer ante el Congreso y otros asertos similares.In dubio pro reo, no parece un jurista muy competente.