Contradicción objetiva de intereses

En las conversaciones se impone como tema de discusión si habrá o no habrá nuevo estatuto. Hay optimistas y pesimistas a ambos lados; así, un no nacionalista pesimista coincide con un nacionalista optimista en que habrá nuevo estatuto. Y la discusión acaba solapándose con otra: ¿es la financiación lo verdaderamente importante? Desde luego, no lo era para el nacionalismo a finales de los setenta, cuando CiU no quería ni oír hablar de un régimen a la vasca o a la navarra. Fue precisamente la irresponsabilidad fiscal de la Generalidad lo que les permitió abordar la construcción nacional sin tener que rendir cuentas de una gestión siempre antipática y de una recaudación siempre odiosa.

El maximalismo estatutario, que incluye la exigencia de control absoluto sobre la capacidad normativa, de gestión y de recaudación de todos los impuestos, nació como estrategia frentista ante el previsible triunfo de Rajoy en las generales. La dinámica de victimismo se aceleró, se inventó una perentoria necesidad de reformar en profundidad el marco legal. Lo irrealizable pasó a gozar de virtudes políticas impagables. Esta estrategia la ha reconocido el propio Jordi Pujol. Pero Rajoy perdió, la inercia hizo lo suyo y ahora mismo el gran problema lo tiene el partido socialista. ¡Elecciones tengas y las ganes!

Tras la sesión de anestesia administrada por Rodríguez a sus barones, Barreda, todavía despierto, fue rotundo en tres puntos: el modelo de financiación ha de ser igual para todas las autonomías; un estatuto no puede fijar por sí el nivel de solidaridad; no es de recibo el uso de balanzas fiscales autonómicas. No sé que les diría Rodríguez, pero no tiene nada que ver con lo que Rubalcaba viene vendiendo a los negociadores nacionalistas; más bien se trata de lo contrario. Si no se considera el déficit fiscal catalán (otra cosa es cómo se calcule tan dudosa magnitud) y si no se establecen fuertes mecanismos de bilateralidad en esta materia, CiU tendrá la excusa perfecta para retirarse del proceso.

Jordi Sevilla, traduciendo la preocupación de la mayoría de dirigentes socialistas, reveló el pasado fin de semana a El País la preparación de un proyecto de ley dirigido a ordenar las competencias autonómicas, proyecto que ha de consagrar el principio de multilateralidad y que, de forma incomprensible, quiere tramitarse después del acuerdo estatutario. Al día siguiente, José Blanco desmintió a Sevilla: no hay tal proyecto. Repito, aquí el problema principal es de los socialistas. Por una sencilla razón: los territorios tradicionalmente gobernados por el PSOE tienen intereses objetivamente opuestos a los que defienden los negociadores nacionalistas. Rodríguez Siatodo está atrapado en esa contradicción por culpa de una hipoteca vergonzante, de un pecado original: el abrazo oportunista, temerario y desleal al independentismo. Catalán y vasco.