El Mundo ha publicado la lista completa de comparecencias rechazadas por la Comisión del 11-M. Basta un vistazo para obtener un diagnóstico ajustado, para formarse una idea del mal mayor que aqueja a la política española desde que a las izquierdas y a los nacionalistas se les indigestó la mayoría absoluta de Aznar y regurgitaron viejas señas de su pasado, tan democrático.
De cincuenta y una comparecencias rechazadas, ¿adivinan cuántas habían sido solicitadas por el Grupo Popular? Sí, cincuenta y una. Dos de ellas eran colectivas: la de “jueces o magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional” y la de “personas implicadas en diligencias policiales o procedimientos judiciales sobre los incidentes del día de reflexión” que fueron “remitentes o propagandistas” de “mensajes por e-mail sobre supuestos golpes de Estado”.
Así que, a siete de abril de 2005, sigue valiendo el diagnóstico del 13 de marzo de 2004: el PP está acorralado por el resto de fuerzas políticas. Si en el amargo día de reflexión culminó una larga campaña de agitación callejera con el acoso físico a los populares, el acorralamiento político iría cobrando forma tras el cambio de gobierno (que cobra tintes de cambio de régimen).
En el nuevo régimen, la derecha es sospechosa por definición y hasta culpable mientras no demuestre su inocencia. Y está condenada a luchar con un brazo atado a la espalda: si osa pulsar los resortes de la propaganda, tal como hacen todos los demás –pero sin mentir–, también será crucificada por los suyos. Especialmente por una prensa que cabría suponer alejada del sistema de prejuicios progres. Con amigos así no hacen falta enemigos.
