Desobediencia

El imperio de la ley es concepto que apunta a quien se zafa por principio de su cumplimiento, o puede zafarse con facilidad: el poder; en especial, el ejecutivo. Que el ciudadano está sometido a las leyes es algo que va de soi. No acrecentaré el fárrago teórico de la desobediencia civil, pero a veces el ciudadano libre, para seguir siéndolo, se ha de plantar.

Sabemos que Sócrates bebió la cicuta siendo inocente, y que lo hacía porque las leyes se deben acatar, más allá de cualquier otra consideración. Conocemos el adagio dura lex sed lex, ley dura pero ley al cabo. Sí. Pero todo tiene un límite: si una trasgresión está hoy más que justificada es la de la normativa catalana que sanciona a los comercios por rotular en castellano.

No sólo no deberían pagar un céntimo los multados. Es que deberían mantenerse en sus trece, no someterse, no aceptar la invasión de su esfera privada, no servir de cordero sacrificial. Es más, si quedara en nuestra anestesiada, mesmerizada, lobotomizada Cataluña el más mínimo rastro de dignidad cívica, las calles se llenarían de rótulos en castellano hasta que se derogara la liberticida norma. Y todos habrían de sumarse –incluyendo a los más recalcitrantes nacionalistas– si mantuvieran una sombra de inteligencia práctica: en una guerra de imposiciones, el catalán sólo puede salir perdiendo.

Ninguna simpatía despertará, ningún atractivo le verá el castellanohablante a la otra lengua oficial si ésta siempre se le aparece excluyendo al castellano con multas y sanciones varias. El catalán es lo bastante importante como para que su aprendizaje y uso le merezca la pena al que no lo conoce desde la cuna. Con la inmersión lingüística de los infantes empieza el gran error: tratar de remodelar una sociedad que goza del privilegio del bilingüismo. Convertirla en monolingüe, a la larga, tras un largo camino de la diglosia.

Carod vivió el otro día un momento de lucidez que me recordó a Robert de Niro en Despertares. Soltó, de pronto, que había que despolitizar el catalán. ¿Lo habrían entendido por fin? La respuesta llegó en forma de multa a una tienda de frutos secos. 600 euros del ala por mantener cartelitos en castellano en el interior; los exteriores ya los habían cambiado. Ya los habían –en sentido estricto– corregido: rotular en castellano en Cataluña se reduce al error de no saber dónde se está, de creer que uno vive en España.

Pues eso. Hay leyes superiores que salvaguardan nuestro derecho a tan dulce error. Y aunque no las hubiera. La normativa de marras es totalitaria y es insoportable. No hay que cumplirla, hay que boicotearla. Y los primeros interesados son los defensores del catalán. Pero dudo que lo entiendan.