Protección y formación

Dos decisiones del Gobierno que atañen directamente al ministerio de Zaplana pueden contribuir en gran medida a la normalización del mercado laboral y a la puesta al día de nuestras empresas: la ampliación de la protección de los trabajadores autónomos y la nueva FORCEM. Ambas reflejan una venturosa comprensión de las reglas de juego en el nuevo paradigma empresarial.

La cobertura de la incapacidad temporal de los autónomos, que acerca a este tipo de emprendedores al régimen general de la SS, no sólo tiene connotaciones de justicia social. Si el Ejecutivo toma una medida que compromete el Presupuesto y que no tiene vuelta atrás es porque puede tomarla, porque de la bancarrota socialista se ha pasado al superávit, porque hay cuatro millones más de cotizantes que en 1996 y, sobre todo, porque el equipo económico popular conoce muy bien lo que son los círculos virtuosos en la economía: el autónomo es un emprendedor, constituye una empresa en sí mismo. Al autoemplearse perfecciona cadenas de valor en sectores económicos y en procesos productivos, incrementando la eficiencia del sistema entero. En una economía dinámica, la mayor protección de los autónomos estimulará al autoempleo a más individuos emprendedores. Ninguno de los que den el paso engrosará las listas del paro, todos cotizarán a la Seguridad Social, muchos crecerán y crearán puestos de trabajo.

En cuanto a la nueva FORCEM, se insiste en que trata de acabar con la corrupción. Pero poner las decisiones sobre formación directamente en manos de las empresas encierra, de nuevo, intenciones mucho más ambiciosas. Gestionar empresas equivale hoy a gestionar el cambio. La mayoría de decisores empresariales aborda este cambio en su mera vertiente tecnológica, ignorando lo que el management moderno conoce como cambio cultural, en el que la formación juega un papel central al reforzar los valores corporativos, la misión, la visión, la comprensión de los procesos y los significados compartidos, además de desarrollar el sentido de pertenencia. Si el cambio empresarial no va acompañado de la comunicación de su sentido y de una interpretación en términos de oportunidad para los trabajadores, inevitablemente provoca resistencias entre los afectados. Resistencias que los sindicatos, por cierto, no suelen ayudar a disolver.

La globalización supone la constante aparición de nuevos competidores y de nuevos productos y servicios. Y todo ello a gran velocidad. Sólo la formación ad hoc permite incorporar a tiempo nuevas técnicas y comprender las nuevas demandas del mercado. Estamos en la era del conocimiento; las técnicas y los modelos de representación de la realidad pronto quedan obsoletos en las empresas que descuidan o estandarizan la formación.

En resumen, mejorar la protección de los emprendedores que se autoemplean y favorecer la adecuación de las acciones formativas a las necesidades de cada empresa pueden ser medidas enormemente relevantes en términos económicos, además de promover la justicia y la ética. O quizá por eso mismo.