Hace tiempo que la SGAE ha dado un salto cualitativo, pasando de su más que discutible función de recaudación a la abierta coacción de empresarios y ciudadanos de a pie que libremente han expresado su opinión. Con un dineral a mano, pastizara de escándalo que no hace más que crecer, sus gestores se pueden permitir acribillar a acciones judiciales a todo el que se mueva, práctica que va acompañada hace algún tiempo de la indiscriminada criminalización del prójimo (de la sociedad entera) a través de anuncios oficiales "contra la piratería" que fatigan las pantallas de cine y de vídeo. En el primer caso, su llamada a la delación merecería el abucheo del respetable, reacción que no llega porque aquí nos hemos acostumbrado a la condición de súbditos. En el segundo, cada vez que en un producto de mi propiedad sale un cartelito y una voz amenazándome, pienso en Orwell.
Es gravísimo que agencias de detectives vigilen por cuenta de la SGAE la vida privada de ciudadanos que se han atrevido a alzar la voz contra los abusos de la peculiar sociedad. Incluso si sus fines fueran todo lo justos que ellos dicen, incluso si administraran su patrimonio con escrupulosa transparencia, en cualquier sociedad democrática cabe la crítica. Que para la honorable sociedad no sea así, que se crea autorizada a ejercer de policía paralela, a hostigar, coaccionar e investigar a sus detractores es algo que debería disparar todas las alarmas. La SGAE ha cruzado la raya de lo admisible en democracia. Ahora es ella quien debe ser investigada a fondo.
Todos los grupos parlamentarios a excepción del socialista han apoyado una moción en el Senado para exigir algo de lo más lógico. Tan lógico que a muchos escandalizará que aún no exista: un mero informe anual, con especificación del modo en que se distribuyen los fondos recaudados. Si lo que han hecho hasta ahora en materia financiera se atiene a la norma, urge la reforma del marco legal de las entidades de gestión. En cuanto a la intromisión en la vida privada de los críticos, no hace falta que nadie nos venga a contar si es o no legal. Resulta directamente inadmisible. Que el foco, la lupa, la luz y los taquígrafos recaigan sobre la SGAE. Después de tratarnos a todos como presuntos chorizos, es ella quien está bajo sospecha.