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Los días del estatut están contados si hay que atender a la sentencia que el Tribunal Constitucional ha emitido en el contexto de la llamada "deuda histórica" andaluza. Qué pesados, por cierto, con la deuda histórica. ¿Y la que contrajo el PSOE con España en el 34? ¿Y la que arrastra el nacionalismo catalán desde la misma fecha? ¿Eh, eh? Se me ocurren ahora mismo tantas deudas históricas... Pero ese es otro artículo.
Centrémonos en la deseable coherencia del supremo intérprete de la Carta Magna, que ha establecido, por práctica unanimidad, la necesidad de que en materia de autonomía financiera "se adopte la decisión correspondiente de forma coordinada entre el Estado y las comunidades autónomas en el seno de un órgano en estén representados todas éstas y aquél". Lo que equivale a condenar al infierno de la inconstitucionalidad la fórmula de la bilateralidad, huevo de serpiente incubado no sólo por el vasto nacionalismo, sino también por el basto socialismo. El PSC defendió el principio con uñas y dientes, y se lo vendió al PSOE.
Por qué el cinturón rojo de Barcelona se limitó a abstenerse en el raquítico referéndum estatutario en vez de arrojarle un rotundo "no" a la cara a sus montillas, zaragozas e icetas es asunto de gran misterio, toda vez que el diseño financiero que les servían consistía en hacerles la higa a sus parientes andaluces y extremeños. Ellos verán.
La progresía ha introducido una interesante transformación en el concepto territorial de la Transición: del "café para todos" al "maricón el último". Y no pocos populares se han echado a correr. La innovación nos lleva, en bonito salto histórico, de la extravagante creación de parlamentos riojanos y gobiernos cántabros a la frenética carrera por dejar sin fondos a las autonomías que se retrasen en su reforma estatutaria. Los lentos han de encontrar la caja común más vacía que la conciencia de Rodríguez. Que se repartan la nada.
Cuando no es puro soberanismo unilateral, es una bilateralidad no menos soberanista la filosofía que informa el estatut. Durante la gestación del engendro, los de Piqué y los embrionarios ciutadans advirtieron de la flagrante inconstitucionalidad del principio. La clase política catalana respondía con una consigna: ya hablará el Tribunal Constitucional. Idéntica hipocresía exhibió esa casta periodística a la que ahora el Govern amenaza en la persona del redactor jefe de La Vanguardia: "Te juro que no voy a parar hasta joderte". Yo creo que es amor.
Sin embargo, en cuanto el PP planteó el oportuno recurso, se hizo la oscuridad y se hizo la tormenta: ¡Enemigos de Cataluña! Tal escaqueo sólo ha de sorprender a quien aún considere al establishment catalán capaz de formular una verdad, ni que sea por despiste. Pues eso, queridos, ya hablará el Tribunal Constitucional.

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